Tras más de un mes y medio de huelga tres días por semana, los examinadores de Tráfico empezaron en agosto sus vacaciones de verano. En el mes de descanso aparcan sus reivindicaciones, pero a partir del 4 de septiembre, salvo que la DGT acepte su principal reclamación -una subida salarial de al menos 200 euros mensuales-, retomarán las protestas. Y el paro para entonces será indefinido. El conflicto laboral de los examinadores de Tráfico ha dejado las autoescuelas prácticamente vacías. Las matriculaciones cayeron en picado. Entre un 70 y un 80%, según apunta el presidente de la Federación Gallega de Autoescuelas, José Manuel López Marín. Y es que la "incertidumbre" sobre qué ocurrirá a partir de otoño con la protesta de los funcionarios de Tráfico ha provocado una estampida de aspirantes al carné de conducir.

El desplome de ingresos en plena temporada alta para el sector ha llevado a los centros de formación a una nueva crisis que ahora empezaban a capear. El nivel de matriculaciones en las autoescuelas gallegas se ha hundido y se ha colocado en el nivel más bajo de los últimos cinco años.

De "preocupante" califican los empresarios la situación que se avecina este otoño si los examinadores de Tráfico no dan marcha atrás en la convocatoria de huelga indefinida. Los centros de formación denuncian el daño "enorme" causado con una protesta en pleno verano y que no ha respetado los servicios mínimos. Y es que los meses de julio y agosto son los que atraen a más alumnos ya que los estudiantes están de vacaciones y es la época que aprovechan para sacarse el permiso de conducir. Los datos hablan por sí solos: los paros que comenzaron el 19 de junio y se prolongaron hasta el 31 de julio dejaron en Galicia a casi 6.000 aspirantes al carné de conducir sin examinar. La lista de espera en los exámenes, según advierten desde el sindicato CSIF, que apoya al colectivo de examinadores en sus reivindicaciones, será de al menos seis meses, hasta enero o febrero del próximo año.

Como consecuencia del desplome de alumnos, las cuentas de los centros de formación -más de 450 en Galicia- se han quedado en números rojos. Hasta tal punto, que los empresarios del sector dan por hecho que tendrán que hacer despidos e incluso cerrar porque no serán capaces de hacer frente a las facturas que ya se empiezan a acumular en los despachos. La caída de ingresos este verano ha provocado que no pocas empresas sean incapaces de asumir los pagos de la Seguridad Social, las nóminas o los alquileres. En comunidades como Cataluña, una de las más afectadas por la huelga de la plantilla de examinadores, ya han empezado a cerrar centros. El sector ya lo anunció la semana pasada. De mantenerse el conflicto, a partir de otoño los centros de formación que se verán "forzados" a preparar expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

"Que impere la sensatez y se den cuenta del daño que están ocasionando a terceros, tanto a las autoescuelas como a los alumnos. Todos tenemos derecho a trabajo y están causando un daño irreparable al sector", advierte López Marín, también vicepresidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), quien da por hecho que la DGT " se mantendrá firme" y no atenderá la reivindicación salarial que plantean los examinadores. "Son auxiliares administrativos y atender su reclamación -apunta- implicaría tender que aplicar una subida al resto de la plantilla de la Administración. ¿El coste? Más de 12.000 millones de euros que tendría que desembolsar el Estado".

En su reunión del comité ejecutivo de la semana pasada, el colectivo acordó presentar ante la Audiencia Nacional una demanda para que declare "ilegal" la huelga convocada por los examinadores por "abusiva" y también planteará a Tráfico que acometa privatización del servicio, un sistema que ya está implantado en países como Alemania, Bélgica, o Finlandia, donde empresas particulares se encargan de examinar a los aspirantes al permiso de conducir. O bien, un sistema mixto como el que aplica Portugal, con una parte de funcionarios y otra perteneciente a empresas privadas.