Galicia es la tercera comunidad, donde más empleos se han creado al abrigo de la Ley de Dependencia, aprobada en 2006. Veintiocho puestos de trabajo por cada cien dependientes. Solo Castilla y León y Extremadura, con 31 y 30 empleos por cada cien dependientes, respectivamente, superan a la autonomía gallega a la hora de poner en marcha empleos para atender a dependientes en centros de día, en residencias o en el hogar.
Sin embargo, el resultado podría ser mucho mayor, si a consecuencia de la crisis, no se hubiese aplicado la tijera a la financiación de la Ley de Dependencia para recortar cuantías de ayudas económicas y horas de cuidados en los servicios de ayuda a domicilio y asistencia personal, además de acordar una moratoria en la atención a los dependientes leves.
Desde su puesta en marcha hace diez años, las ayudas y servicios a que tienen derecho los dependientes han permitido crear en Galicia 11.739 empleos equivalentes a tiempo completo en el sector de los servicios sociales, cuando en el resto de las actividades económica lo que imperaba era la destrucción de puestos de trabajo. En toda España, la cifra se eleva a 162.708 empleos brutos. No obstante, los recortes en las ayudas que vinieron impuestos por la crisis económica frenaron la creación de casi 8.500 empleos en Galicia y de alrededor de 101.000 en todo el país.
El recorte presupuestario que dictó el Gobierno central permitió que solo se crearan el 58% de los puestos de trabajo previstos. En toda España, se dejaron de crear más de 101.000. Así lo expone la investigadora de la Universidade de Santiago, Diana Fernández Méndez, en su tesis Envejecimiento y protección social de la dependencia en España: efectos sobre el empleo.
En Galicia, a datos de junio de este año, había 66.641 dependientes que recibían algún tipo de prestación (ayuda económica o servicio, como residencia, centro de día, teleasistencia, ...)y 17.625 que aún aguardan por ella. Hay 5.000 beneficiarios más que hace un año, pero aún el 27% aguarda por una ayuda a la que por ley tiene derecho. Por cada 100 dependientes que son atendidos y entran en el sistema, se crean 28 puestos de trabajo. Así que si adelgaza la lista de espera, también se recorta la lista del paro. El beneficio no es solo para los dependientes y las familias que le atienden, tiene un impacto económico y laboral.
En Galicia, con datos de 2010, según apunta el estudio de Diana Fernández, hay 118.931 gallegos que cuidan de sus familiares dependientes. Son cuidadadores informales, y ese año eran solo 18.410 los que recibían algún tipo de prestación económica al respecto. Ahora no llegan a mil. ¿Por qué esa caída tan brusca? Porque se apostó desde la Xunta, que es quien gestiona y cofinancia con el Gobierno el sistema, por ofrecer más servicios profesionales y menos ayudas económicas, que al fin y al cabo, no tienen impacto laboral.
Trabajos de otros autores apuntan que la traducción monetaria de esos cuidados informales equivaldría en Galicia hasta el 7% del PIB autonómico. Un 25% de los cuidadores reconocen que dedican más de 90 horas a la semana a estar pendientes de sus mayores, y un 34% entre 30 y 89 horas.
Diana Fernández Méndez | Investigadora de la USC
"Hay centros de día con plazas vacías porque no se valoraron las preferencias de la gente"
Tras estudiar en profundidad para su tesis el sistema de atención a los dependientes, la investigadora de la USC Diana Fernández se ha convertido en una firme defensora del que se dio en llamar el cuarto pilar del Estado del Bienestar.
-¿Cómo valora la aplicación en Galicia de la Ley de Dependencia?
-En general, es un poco negativa. Al principio, a la hora de poner en marcha las ayudas y servicios, no se tuvieron en cuenta las preferencias de los dependientes. Empezaron a construir centros de día, porque así lo aconsejaba un informe estatal, cuando en Galicia la gran mayoría de los dependientes quiere ser atendida en su casa. El resultado es que hay plazas vacías en los centros de día, que hay que mantener, aunque no se usan. La falta de recursos económicos por la crisis explica la apuesta bastante deficitaria de la Xunta por esta ley, junto con su decisión de marcar otras prioridades de gasto.
-¿Por qué en un contexto de crisis habría que dedicar más fondos a la Ley de Dependencia?
-Dejar de abordar este gasto representaría un enorme coste de oportunidad, ya que la presión de atención a las personas dependientes se trasladaría al Sistema Nacional de Salud, lo que a largo plazo resultaría más costoso y menos eficiente que hacerlo mediante el Sistema de Atención al Dependiente.
-¿Cómo blindar la financiación para Dependencia?
-No puede depender de los presupuestos generales del Estado. Existen diversas alternativas. En Japón, el 50% del sistema es financiado con fondos públicos vía impuestos y el resto con contribuciones progresivas a la Seguridad Social, distribuidas a partes iguales entre trabajadores y empleadores, y obligatorias a partir de los 40 años de edad. Pienso que sería la opción más fácil de implementar actualmente en España.
