La necesidad de ajustar oferta y demanda en el lo tocante al terreno industrial motiva la creación, por ley, del Censo de Suelo Industrial de Galicia, un registro que la Xunta pretende utilizar para conocer al detalle dónde existen bolsas disponibles y las necesidades existentes en cada lugar y sancionará con hasta 10.000 euros a quien no inscriba sus propiedades en esa lista. Se trata de "un instrumento de evaluación, planificación y actualización de las necesidades de suelo empresarial", según la proposición de ley impulsada por la Xunta y tramitada por el PP para fomentar la actividad económica.
Todos los promotores de áreas empresariales, sean públicos o privados y utilicen fondos propios o ajenos, "deberán inscribir obligatoriamente en el censo" sus instalaciones que "tengan parcelas disponibles para su comercialización, así como áreas previstas para su inmediato desarrollo". Incumplir este precepto será castigado con multas que oscilarán entre los 1.000 y los 10.000 euros, según consta en el artículo 24 de la proposición de ley para fomentar la actividad económica.
El texto legal que se debatirá en septiembre en el Parlamento incluye la reforma de una docena de leyes vinculadas a otros sectores, como el eólico o el fo
restal. En este último caso, la Xunta ofrecerá una ventanilla única para conceder permisos para las cortas que ahora deben ser solicitados en la Consellería de Medio Rural, Patrimonio o Augas. En el primer caso, se creará un registro de empresas y proyectos para conocer el estado de un sector en el que la Consellería de Economía no descarta autorizar parques al margen del concurso eólico que aprobó poco después de llegar Feijóo a la Presidencia de la Xunta en 2009.
