IRPF, IBI, impuesto de plusvalía, de actividades económicas o y sobre vehículos de tracción mecánica. Prácticamente todos los tributos deben ser objeto de revisión en el nuevo modelo de financiación local, según defienden los expertos de Gobierno y FEMP que trabajan en la reforma. El informe apuesta por recuperar la antigua capacidad de los ayuntamientos para fijar incrementos en el Impuesto sobre la Renta. Y es que con el actual sistema, estos recargos no existen, aunque las capitales de provincia o de comunidad o los que tienen más de 75.000 habitantes perciben el 1,6% de la cuota líquida del Estado en el impuesto.
La propuesta del comité de sabios va más allá y propone que los recargos para los municipios de menos de 20.000 habitantes se articulen a través de las diputaciones por la complejidad de su gestión. En la actualidad, casi la totalidad de los ingresos por IRPF van al Estado y a las comunidades, que se lo reparten por igual.
También proponen revisar el IBI. Sobre el impuesto que supone la mayor inyección de fondos para los ayuntamientos, defienden mejorar la homogeneidad temporal en la determinación de las bases fiscales, de manera que la base impone se aproxime a los valores reales de mercado y los tipos se ajusten.
En cuanto al impuesto de plusvalía, anulado recientemente por el Tribunal Constitucional cuando las ventas de un inmueble en suelo urbano no generen beneficio económico, defienden que se extienda a los bienes rústicos e incluso a operaciones con plusvalías generadas en periodos inferiores a un año, ahora exentas.
