01 de agosto de 2017
01.08.2017
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Los expertos piden más poder en la gestión de servicios y tributos para las diputaciones

El grupo de trabajo sobre financiación local apuesta por dar potestad a las instituciones provinciales para subir impuestos en los pequeños municipios que no sean eficientes

01.08.2017 | 01:00
Reunión de responsables del Gobierno y de la FEMP sobre la nueva financiación local. // J. Lizón/Efe

Más protagonismo a las diputaciones. La rebelión de los alcaldes pudo con la furia reformista de Hacienda, que tuvo que redactar hasta diez borradores de reforma local. Cuatro años después de que el departamento de Cristóbal Montoro diese marcha atrás al refuerzo de poder a las corporaciones provinciales, el comité de expertos para la reforma de la financiación local apuesta por dejar en manos de estas las competencias de aquellos ayuntamientos que no presten servicios de calidad y de manera eficiente y además defiende darles potestad para "decidir y gestionar" los impuestos en los municipios que les hayan cedido el mando.

El informe del grupo de sabios, integrado por cinco expertos del Gobierno y otros cinco de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), reivindica la continuidad de las diputaciones, a las que atribuye "un papel fundamental" en la estructura territorial del Estado. Es por ello, que propone que tengan un "marco competencial claro y transparente" que pasa -según recoge el documento- por el "apoyo a municipios de menos de 20.000 habitantes", el 95% del total en España.

El comité de expertos se desmarca así del debate sobre la supresión de las diputaciones al presentar a estas instituciones como "una suerte de municipios de municipios". Y les otorga la tarea de "asesorar" e "incluso ejercer directamente la gestión de servicios públicos" en municipios pequeños "incapaces por sí mismos de prestarlos bajo mínimas condiciones de eficiencia". Pero, además, apuesta por que las diputaciones puedan "decidir y gestionar" los tributos locales. O lo que es lo mismo, que tengan la potestad para subir y recaudar impuestos en los ayuntamientos sin capacidad para gestionar sus servicios de manera eficiente.

No obstante, el grupo de trabajo sobre la financiación local advierte de que se debe respetar la "autonomía municipal" y que, por tanto, esa cesión de competencias a las diputaciones requiere "inicialmente voluntariedad" por parte de las administraciones locales. Sobre la negativa de aquellas corporaciones insolventes a delegar servicios y competencias en las diputaciones, el informe no hace mención alguna. La gestión de los servicios públicos de un ayuntamiento llevaría también a las corporaciones provinciales a asumir "responsabilidades en materia de ingresos públicos (tributos y transferencias)" de ese municipio. Ante esta situación, los expertos apuestan por que las diputaciones puedan fijar "un umbral mínimo de tributación" en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes.

En su informe, el comité de expertos no alude a la supresión de ayuntamientos ni a al número de habitantes que deberían tener. Pero sí advierte de que el "funcionamiento institucional y administrativo óptimo" requeriría de "un umbral mínimo de población". En este sentido, Ejecutivo y FEMP apuestan por "incentivos" a la "intermunicipalidad", en alusión a la constitución de mancomunidades.

A la hora de diseñar el futuro sistema de financiación local, el equipo de trabajo recomienda diferencia entre tres tipos de municipios. En el caso de grandes ciudades como Madrid y Barcelona, considera que su financiación debería recogerse en sus propias cartas de autonomía local. Luego, darían mayor autonomía a los que superen los 20.000 habitantes.

Tal y como se había propuesto Hacienda con reforma local, el comité urge la "imprescindible" clarificación de las competencias locales. Y para ello, proponen dos alternativas: establecer mecanismos de financiación condicionada mediante transferencias de la administración responsable o derivar hacia una financiación general incondicionada, es decir a través de la Participación en Ingresos de las Comunidades (PICAs).

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