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La renovación pendiente en las administraciones

Más de 50.000 empleados públicos de Galicia se jubilarán en diez años

El 29% del personal de las administraciones tiene 55 años o más - La Xunta convoca más de 2.600 plazas en Educación y Sanidad con la previsión de sacar nuevas ofertas

Una de las oficinas de la Xunta en San Caetano. // T.V.

Tres de cada diez empleados públicos en Galicia tienen 55 o más años, por lo que en la próxima década tocará relevar a 51.000 trabajadores de las administraciones, sobre todo en la Xunta, por tener la plantilla más abultada, pero también en el Gobierno central, las diputaciones, los concellos y las universidades.

El envejecimiento de la plantilla de las administraciones públicas es una oportunidad para miles de jóvenes ahora en las aulas y para miles de parados que buscan un empleo. La seguridad de un empleo para toda la vida es un aliciente para que muchos intenten pujar por el puesto que dejarán libre los que se retiren para cobrar su pensión.

La recuperación de la economía ya ha animado a los poderes públicos a empezar a convocar oposiciones. Este año ya se han celebrados pruebas para acceder a 1.043 plazas de profesor y la Consellería de Sanidade prevé convocar 1.600 plazas en octubre o noviembre.

Para cubrir el hueco que dejarán las jubilaciones que están por venir habrá que sacar adelante más ofertas públicas de empleo, y no solo en educación y sanidad. Harán falta administrativos, policías, economistas, veterinarios, bibliotecarios, letrados o bedeles, entre otros muchos.

Las oportunidades se multiplican y las academias se llenan de aspirantes, dispuestos a dejarse los codos en el pupitre. La Administración General del Estado oferta este año 28.249 nuevas plazas y el Gobierno central calcula que este año en toda España se convocarán unas 67.000 plazas.

En Galicia, además, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ya adelantó que en los próximos tres años sacará oposiciones para cubrir otras tres mil plazas aproximadamente. Su objetivo es reducir la interinidad de los profesores, que es del 13% y bajarla al 8 o 5%.

La plantilla del sector público en la comunidad ha envejecido, y si hace siete años los asalariados públicos con más de 55 años eran 34.200 ahora son 51.000, un 50% más.

Al mismo ritmo que crecían los funcionarios que pintan canas, menguan los jóvenes con ganas de formar una familia. En 2010, los funcionarios con menos de 35 años eran 40.900, una cifra que ha caído hasta los 24.600.

El avenjetamiento de la plantilla de la sanidad pública era una cuestión que desde hace años preocupaba a la Xunta. Un tercio de los médicos que ejercen se jubilarán en la próxima década, según sus previsiones. Los datos de la EPA, actualizados a junio de este año, revelan que no solo hay que prepararse ante el retiro de los médicos y no dejar vacías las consultas de los centros de salud. Hay que afrontar una renovación de las plantillas públicas en general.

El personal de las administraciones pública ha mermado por la crisis económica que obligó al Gobierno a cuasi congelar las ofertas públicas de empleo.

La tasa de reposición de los funcionarios jubilados se redujo al máximo, solo el 10% y únicamente para servicios públicos esenciales, como la educación y la sanidad. Así si en 2010 los trabajadores públicos eran 196.400, ahora son 179.200, casi un 9% menos. La desaparición de 17.200 empleos se debe a que no se sustituían jubilados y no se prorrogaban contratos temporales, y no se cubirán bajas laborales, pues en las administraciones públicas no solo hay funcionarios.

Entre 2011 y 2014, el acceso a la administraciones públicas cuasi se paralizó. Un ejemplo, en el año 2012 ni siquiera hubo convocatoria de oposiones en Galicia en el sector de la enseñanza. Era la primera vez en los últimos veinte años que sucedía.

En Galicia, la caída del empleo público fue más drástico que en el resto de España. Su destrucción fue el triple que la media estatal. Se redujo un 16,5% en los últimos cinco años, frente al 6,5% de la media estatal. En la comunidad gallega, casi dos de cada diez ocupados cobran una nómina de las administraciones públicas.

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