El Día das Letras Galegas, el pasado 17 de mayo, el Tribunal Constitucional certificó la ilegalidad del impuesto de plusvalía cuando grava la venta de un inmueble en la que el dueño sufre pérdidas económicas. El fallo abrió la puerta a reclamaciones millonarias por pagos indebidos ante los municipios que lo aplican, que en la comunidad suman 115. Las ciudades ya han comenzado a recibir esas peticiones. Suman, en poco más de dos meses, 250, a las que se suman decenas de consultas sobre la situación legal de un conflicto pendiente de que el Ministerio de Hacienda reforme la ley actual.
El problema legal se intuyó en febrero, cuando el Tribunal Constitucional anuló la aplicación en Guipúzcoa del impuesto sobre ventas inmobiliarias en las que el vendedor perdía dinero. Se preveía una extensión de esa doctrina a todo el Estado. Se produjo en mayo.
Las sociedades de tasación estiman que en Galicia deberán devolverse alrededor de 82 millones de euros por cobros indebidos durante los últimos cuatro años, pues los anteriores habrían prescrito. En 2015, los 115 concellos que aplican este impuesto recaudaron 41,3 millones, ocho más que en 2014, superando las previsiones. Para el año pasado, el cálculo de ingresos era de 31, un 22% que la estimación de 2015, que se quedó por debajo de los ingresos finales.
En la actualidad, las dos urbes de Galicia con mayor población ofrecen comportamientos diferentes por el momento. En Vigo, el consistorio aún no ha recibido ninguna reclamación de devolución formal y las consultas se limitan a cinco casos, según fuentes municipales. El PP local estima que más de 20.000 ciudadanos tienen opción de reclamar y pide al ejecutivo local que paralice el cobro hasta que Hacienda modifique la ley.
El concello de A Coruña, sin embargo, no solo ha recibido 102 solicitudes de reintegro por cobros indebidos, sino que ya ha sufrido un fallo judicial para pagar por gravar una venta en la que no hubo ganancia económica, sino pérdida.
En Pontevedra se enfrentan a 26 reclamaciones que han generado 18 expedientes, pues se trata de casos de herencias con varios involucrados sobre un mismo bien. Fuentes municipales calculan que deberán devolver la plusvalía en tres o cuatro casos al entender que en las herencias no se aplica el fallo del Constitucional.
En Ourense, las reclamaciones llegan a 71; en Lugo, a 33; en Ferrol, a 20, según sus consistorios.
Santiago tampoco ha recibido peticiones de devolución formales desde mayo, pero sí consultas sobre cómo actuar. Mientras tanto, el concello ha optado por echar el freno y no están cobrando el impuesto en los casos en que estiman que puede haber pérdidas. "Paralizamos todos los expedientes en los que hay ventas a pérdidas desde que salió la sentencia del Constitucional", explica la edil de Hacienda, María Rozas. Esta limita el impacto del conflicto en la capital de Galicia. "Aquí no se notó tanto la caída del boom inmobiliario y no se vendieron pisos a pérdidas", añade la concejala.
En el juzgado ya está pendiente un caso contra el concello compostelano, si bien es anterior a la decisión del TC y deriva de una inmobiliaria, que reclama una "cuantía elevada", según confiesa Rozas.
El Gobierno propone que el Catastro mida qué transacciones suponen beneficio y están gravadas
- La controversia sobre el impuesto de plusvalía deriva de su método de cálculo, en el que se estima siempre una ganancia económica para el vendedor. De momento, el impuesto se calcula no sobre la diferencia entre el precio de compra original y el de venta, sino que a partir del valor catastral del inmueble y el número de años que se ha tenido en propiedad, aplicando en ocasiones un 3,5% por ejercicio. Ese cálculo está "basado en datos ajenos por definición a la realidad económica", considera el Tribunal Constitucional.Los municipios urgen un cambio desde el primer fallo del TC. El propio presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero, tachó de "injusta una liquidación sobre precios que no son de mercado". ¿Por qué la aplican entonces? Porque lo establece la ley y mientras siga en vigor abrirá la puerta a reclamaciones judiciales.El Ministerio de Hacienda ya ha elegido un método nuevo entre las alternativas propuestas por la FEMP. Quiere que sea el Catastro el que aplique un índice sobre el valor catastral del inmueble que determinará si existe beneficio económico o pérdidas para el vendedor. En el primer caso, deberá pagar el impuesto de plusvalía; en el segundo, no.El departamento de Cristóbal Montoro ya presentó su modelo a una comisión técnica de la FEMP, que todavía debe estudiar la letra pequeña antes de apoyarla o no.
