La Xunta, que inicia hoy la licitación de 41 contratos de autobús para las 578 líneas que comenzarán a operar en agosto, ha puesto cifra al volumen de negocio a la reordenación del mapa de movilidad: 59 millones de euros. Según fuentes de la Consellería de Infraestructuras, de este total, 40 millones se corresponden con las subvenciones que el Gobierno gallego destinará al transporte escolar. Los 19 millones de euros restantes aluden a los ingresos que, según calcula la Administración, obtendrán las concesionarias que resulten adjudicatarias de las concesiones, que se disputarán las 72 compañías que mostraron interés en su explotación.

Tras tres semanas de negociación con los sindicatos, la Xunta ha aceptado elevar en cuatro millones de euros - concretamente, dos millones más en cada año de concesión - la dotación económica que inicialmente previó para el nuevo plan de transporte. El incremento, exigido por los sindicatos como aval de su viabilidad económica y, por tanto, como garantía de que la subrogación no quede" en papel mojado", atañe fundamentalmente a la partida destinada a los contratos de los conductores de autocar. Esta crecerá un 25% hasta alcanzar los 9.890.229 euros.

Para Ethel Vázquez, que ayer compareció en el Parlamento, el acuerdo alcanzado con las centrales no solo" blinda la continuidad y la estabilidad del empleo" hasta "los máximos parámetros legales posibles" sino que "supondrá el incremento de un 5% en la carga de trabajo". La conselleira, que insistió nuevamente en que el suyo "es el único plan viable y legal", reiteró que la integración del traslado de viajeros en las líneas que usa el alumnado es una apuesta para "multiplicar" la movilidad en el rural. "No queremos gente sin autobuses ni autobuses sin gente", señaló.

Tras la intervención de Vázquez, la oposición pidió en bloque la retirada del plan y acusó a Infraestructuras de "improvisación" y "prepotencia". El viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, culpó a la conselleira de "ser pertinaz" en el error y censuró que acudiera a la Cámara a "contar un cuento" como si el conflicto no tuviera nada que ver "con la mala acción" del Ejecutivo, al que acusó, además, de establecer unos criterios de adjudicación que generarán nuevos "problemas jurídicos".

En ese sentido, el diputado del PSdeG Raúl Fernández afeó a Vázquez actuar desde "el oscurantismo y la opacidad", al considerar que la consellería "vetó" la participación de agentes del sector en el diseño del plan. Para Fernández, la reordenación del transporte es "inaplazable" pero recordó a la Xunta que su proyecto llega "tras años de pasividad" . En la misma línea, el nacionalista Luis Bará, que reclamó la dimisión de Vázquez y pidió la prórroga de las concesiones para convocar "una verdadera" mesa de diálogo", denunció "la adjudicación de la planificación -del nuevo mapa de movilidad- a una empresa que además es asesora de la propia consellería" .

El portavoz del PPdeG, Martín Fernández, respondió a los grupos en minoría acusándolos de "leer el argumentario" de las empresas" en lugar de defender el "interés general".