Galicia no es una isla en el mar de corrupción que durante los últimos años ha anegado despachos de alcaldes, concejales, funcionarios, e incluso presidentes autonómicos y ministros. Investigaciones como la Pokemon, Pikachu, Campeón, Carioca o Patos son las que dejaron el mayor reguero de imputaciones a cargos públicos y empresarios en la comunidad gallega. Pero a las macrocausas por tráfico de influencias, prevaricación o cohecho, entre otros delitos, se suman otros casos con contados investigados, como la Garañón. En los últimos cinco años, en la comunidad gallega se abrieron un total de 1.010 causas de corrupción, de ellas 195 el año pasado. 2014 batió todos los récords de ilícitos penales de este tipo: un total de 288.

Desde que empezaron a llegar a los tribunales gallegos la primeras denuncias por corrupción, año tras año se superaban los expedientes abiertos el ejercicio anterior. La tendencia a la baja no llegó hasta 2015, con un total de 195 investigaciones por este tipo de actuaciones ilegales, un 32% menos que el ejercicio anterior. Esta caída también se mantuvo el año pasado, con 191 investigaciones abiertas. Mucho menos acusado, el descenso en 2016 fue del 2% en relación a un año atrás.

La mayoría de los delitos de corrupción denunciados el año pasado fueron por prevaricación administrativa (99, lo que supone un 56% del total de incoados), seguido del tráfico de influencias (27), malversación (26), blanqueo de capitales (23) y cohecho (11).

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La brecha entre las denuncias por corrupción que llegan a los tribunales gallegos y las que finalmente son calificadas por la Fiscalía es muy grande. En el último lustro, solo 125 entramados por corrupción fueron llevados a juicio en Galicia. O lo que es lo mismo, solo el 12,4% de los delitos de prevaricación, malversación, cohecho o blanqueo de capitales acaban con los investigados -antes imputados- sentados en el banquillo. Una cifra que, en realidad, es todavía más baja ya que hay que tener en cuenta que algunos de los asuntos de corrupción juzgados en este periodo proceden de instrucciones anteriores al año 2012.

Un ejemplo de las investigaciones que eternizan en los juzgados gallegos es la operación Pokemon, una causa que ya supera los cinco años y que su instructora, Pilar de Lara, prorrogó el año pasado por al menos 18 meses más. Las demoras en la instrucción, según advierten jueces y fiscales, amenazan con dejar impunes a decenas de investigados, hacen que la sentencia pierda su función ejemplarizante ante la sociedad e incluso lesionan el honor y la vida profesional del acusado si finalmente es declarado inocente o su causa se archiva por falta de pruebas.

En cuanto a las sentencias por este tipo de delitos, el balance de los últimos cinco años en Galicia se queda en 66, 19 de ellas dictadas el año pasado. La cifra de fallos emitidos por los jueces en la comunidad tan solo representan el 6,5% de todas las denuncias por corruptelas que entran en los juzgados de la comunidad.

Durante el primer trimestre de este año, los jueces abrieron juicio oral o procesaron por corrupción en a 97 personas en España. Galicia es una de las seis comunidades sin procesos abiertos por estos hechos entre enero y marzo. Sin embargo, los tribunales gallegos sí dictaron sentencias en esta materia: dos, y ambas absolutorias. En el conjunto del país, se emitieron 36 fallos, solo ocho con absolución del acusado. O lo que es lo mismo, Galicia concentra una de cada cuatro absoluciones por delitos de corrupción.