La Agencia Tributaria endurecerá el control tributario sobre los pisos turísticos para hacer aflorar los alquileres en negro. Las denuncias del sector hotelero sobre la proliferación de viviendas vacacionales sin declarar han llevado al fisco a mirar con lupa cada alojamiento que se anuncia en internet. Tras enviar un aviso a más de 25.000 contribuyentes que alquilan pisos a turistas a través de plataformas "online", casi un millar de notificaciones a propietarios gallegos, Hacienda pone ahora en el punto de mira a las grandes tecnológicas que comercializan viviendas turísticas, muchas de ellas no regladas. Los hoteleros gallegos calculan que el 60% de los alojamientos para turistas que se ofertan en estas plataformas son clandestinos y cifran en más de 15 millones anuales los ingresos en negro que generan estos arrendamientos vacacionales en la comunidad.

Para tratar de combatir la economía sumergida que se presume existe detrás del boom del alquiler de pisos turísticos, el departamento que dirige Cristóbal Montoro ha sacado a información pública el proyecto de decreto para modificar el reglamento general de las actuaciones de gestión tributaria. A plataformas como Airbnb, HomeAway, Windu o Niumba, les exigiría que identifiquen a los propietarios de las viviendas para turistas, así como que presenten informes periódicos con el objetivo de que se declaren "con más detalle" su actividad.

La lista de datos que les requerirá es amplia, según el proyecto de reforma que hasta el próximo día 21 estará sometido a consulta pública. Las plataformas que anuncien este tipo de alquileres estarán obligadas a "presentar periódicamente" a la Agencia Tributaria "una declaración informativa que incluya la identificación de propietarios y huéspedes, con nombre y apellidos, razón social o denominación completa y número de identificación fiscal. Además, deberán aportar la referencia catastral del inmueble, el número de días de disfrute de días de la vivienda con fines turísticos y el importe.

Una de las mayores plataformas que anuncian pisos turísticos, HomeAway ya ha manifestado sus dudas sobre las competencias de Hacienda para solicitar los datos de los propietarios y usuarios aludiendo a las normativas europeas en materia de protección de datos. No obstante, se mostró abierta a colaborar con la Agencia Tributaria para una "mayor transparencia" a la hora de que gestores o intermediarios y propietarios declaren su actividad.

Más tajante se manifestó Airbnb, que se niega a ceder los datos personales de sus clientes, según avanzó ayer Cinco Días. La plataforma advierte de que solo aportará detalles personales en el contexto de un proceso judicial, ya que -argumenta- la directiva comunitaria de protección de datos le ampara. "La acción de compartir datos solo puede ocurrir en respuesta a una petición legal válida, en el contexto de un proceso legal válido", sostienen desde Airbnb.

La Agencia Tributaria ya dio el año pasado los primeros pasos para combatir la economía sumergida que pueda haber en los alquileres de pisos turísticos. Entonces, Hacienda rastreó internet para dar con los contribuyentes que no tienen sus viviendas vacacionales regladas. Habitaciones, cabañas, estudios, áticos, pisos de hasta cuatro habitaciones, casas rurales, chalés, villas con jardín, piscina y barbacoa... La lista de ofertas "online" es larga. Y sus precios van desde los 10 euros noche por persona en viviendas de más de cuatro plazas a más de 100 euros en alojamientos que se anuncian como "de lujo" o "en primera línea de playa". Más de 8.000 viviendas turísticas se ofertan en la comunidad a través de distintas páginas web y se clasifican según los días de reserva: por días, una semana, una quincena, un mes o toda la temporada.

Las multas por omitir los datos de los alquileres a Hacienda pueden ascender al 25% de la cuantía no declarada, además de que los contribuyentes tienen que satisfacer el pago de las cuotas con sus correspondiente intereses.