El Gobierno central tumba de nuevo la petición unánime de los partidos gallegos para lograr la transferencia de la Autopista del Atlántico (AP-9), la principal vía de comunicación de la comunidad. Los cambios introducidos en la iniciativa legal avalada por PPdeG, En Marea, PSdeG y BNG para sortear la opción del rescate de la concesión no han servido y el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha cumplido su aviso y ha cerrado la puerta no solo a la cesión, sino a su mero debate en el Congreso, alegando que "supondría un aumento de los créditos presupuestarios". Cifra el coste en un mínimo de 554 millones de euros, cantidad "que podría ascender hasta un total de 4.570", según la respuesta del Ministerio de Fomento.
El diputado de En Marea, Antón Sánchez, desveló esta mañana la decisión del Gobierno central, que en un informe remitido al Congreso de los Diputados ha esgrimido ese argumento para vetar la tramitación de la proposición de ley aprobada por la Cámara gallega. "Demuestra que estamos gobernados por gente con cero respeto por la democracia y cero escrúpulos", denunció el parlamentario.
El Gobierno de Rajoy vetó ya el año pasado la petición del traspaso alegando precisamente que podría suponer un aumento de costes. Los partidos gallegos reaccionaron aprobando otra proposición de ley, propuesta por el BNG, en la que se eliminaba cualquier atisbo de rescate de la infraestructura. Se aspiraba, en principio, a que fuese Galicia la que tuviese la titularidad de una vía en manos de una concesionaria hasta 2048 gracias a la prórroga por el máximo legal permitido aprobada por el Gobierno del popular .
El PP aprobó la propuesta en Galicia, pero ya advirtió de que sería "muy difícil" conseguir esa demanda y negando posibles comparaciones con Euskadi y Cataluña, ambas comunidades con competencias sobre vías "de interés general" como la AP-8, A-17 y A-19. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ya anunció su negativa a cumplir la demanda gallega tres días después de que la Cámara autonómica impulsase su nuevo intento.
En el informe remitido por el citado departamento al Congreso, se señala que la asunción del traspaso implicaría que el Ejecutivo central tuviese que asumir las compensaciones por las obras en la vía -mediante aumentos de peaje- y las bonificaciones vigentes. "No existen consignaciones en los créditos presupuestarios del Ministerio de Fomento que permitan afrontar dichos pagos, cifrados en un mínimo, a día de hoy, de 554 millones de euros, pero que podrían ascender hasta un total de 4.570", alega el ministerio.
A las críticas de En Marea se unió el PSdeG y BNG. El portavoz parlamentario de los socialistas, Xoaquín Fernández Leiceaga, tachó de "inadmisible" el veto del Gobierno y le exigió al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que "deje de tomarle el pelo a los gallegos", apoyando una postura en Galicia mientras su partido muestra la contraria en Madrid.
Por su parte, la nacionalista Ana Pontón consideró el veto del Ejecutivo como "una nueva muestra del agravio y desprecio con que se trata a Galicia desde Madrid" y responsabilizó a Feijóo por permitir la decisión de Fomento. Además, cree que el ministro de este departamento está "comprando boletos" para que sea "declarada persona non grata en Galicia", algo que hizo el concello de Pontevedra, gobernado por el BNG, con Rajoy tras prorrogar la licencia de Ence.
Por su parte, la Xunta evitó las críticas al Gobierno y ratificó su deseo de alcanzar el traspaso de la vía. "Esperamos que se nos den las oportunidades y los canales adecuados para demostrar lo que se afirma desde la Xunta de Galicia", declaró el vicepresidente autonómico, Alfonso Rueda, sobre una transferencia que, a su modo de ver, sería "beneficiosa" para una mejor prestación del servicio, informa Efe.
