Más de 3.000 viviendas de uso turístico se han registrado en un mes y medio en Galicia, lo que significa una media de 430 inscripciones a la semana, la mayoría concentradas en las provincias de Pontevedra y A Coruña. Ese es el último balance de la Axencia de Turismo de Galicia sobre los inmuebles que los propietarios están obligados a dar de alta para alquilar a turistas desde que el pasado de 10 de mayo entró en vigor el decreto de la Xunta. Para la directora xeral de Turismo, Nava Castro, este dato es elevado y muestra que, aunque algunos dueños se opongan a la normativa, se anotan igualmente porque son conscientes de que está vigente y pueden exponerse a sanciones. El Gobierno gallego estima que puede haber unos 5.000 alojamientos de este tipo, por lo que en menos de dos meses casi el 60% habría regulado su situación. Desde el sector, el Clúster del Turismo de Galicia estima que el número puede oscilar entre las 5.000 y las 7.000.

Castro descarta que la norma redujese la oferta en las inmobiliarias e insiste en que las 3.000 inscripciones son "muchas". "Antes en cualquier plataforma no se encontraban tantas como las que hay inscritas. Quizás en lugar de recurrir a una inmobiliaria han optado por portales para llegar a cualquier rincón del mundo", aclara.

No hay un plazo fijado para que los propietarios se anoten en el Registro de Establecimientos de Actividades Turísticas (REAT) y presenten el justificante del pago de los 56,82 euros de la tasa de clasificación turística. Basta con que lo hagan antes de poner el piso en alquiler. Los particulares que incumplan el decreto se arriesgan a sanciones de entre 900 y 9.000 euros. De todas formas, Turismo descarta aplicar un plan específico de control. Castro asegura que la vigilancia de estos alojamientos se incluye en el plan de inspección anual del departamento autonómico con comprobaciones de oficio aleatorias o en respuesta a denuncias concretas.

Considera que la Xunta podrá ofrecer una visión más completa del número de turistas que visitan la comunidad, ya que los que dormían en pisos turísticos hasta ahora solo computaban como residentes y, aunque las estadísticas oficiales aún no recogen esta categoría a nivel autonómico, ya se pueden computar. Por eso, insiste en que el decreto "no restringe" estos alquileres, en alusión a los requerimientos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que denuncia que la norma es restrictiva al fijar un periodo máximo de alquiler y al prohibir hacerlo por habitaciones, salvo si el dueño reside allí.

La directora xeral de Turismo matiza que la norma solo recoge que los inmuebles que se alquilen por más de 30 días no serán considerados viviendas de uso turístico y podrán seguir alquilándose por la Ley de Arrendamientos Urbanos. En cuanto a la limitación por cuartos, apunta que no se perjudica la libre competencia porque ya existe una categoría que permite el alquiler por habitaciones: la pensión. "No se le está impidiendo a nadie que alquile por habitación pero no serían alojamientos para turistas", insiste.

La CNMC ha amenazado a la Xunta con llevar la norma ante la Justicia, como ya hizo en Canarias o en Madrid, donde los tribunales les han dado la razón. El organismo tiene de plazo hasta el 10 de julio para decidir si acepta las alegaciones del Gobierno gallego o denuncia el documento ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Castro acatará lo que dicte la justicia y se modificará la norma si no prosperan sus alegaciones.