"Hay que investigar, como mínimo, las últimas ampliaciones de capital". El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defendió esta mañana en el Parlamento analizar la compraventa de acciones del Banco Popular, matriz del Pastor, antes de que la entidad fuese liquidada y cayese en manos del Santander, una operación en la que más de 60.000 pequeños accionistas gallegos perdieron todos sus ahorros. El valor de cada título pasó a ser cero.

Feijoo se enfrentó a las críticas de En Marea y BNG, que lo acusaron de inacción ante la certificación del fin del sistema financiero gallego. Aunque el Pastor fue adquirido por el Popular hace seis años, su marca se mantenía operativa. El titular de la Xunta reveló que ha trasladado por carta y también en conversación telefónica a la presidenta del Santander, Patricia Botín, las demandas de su Ejecutivo. "Los empleados del Popular-Pastor no tienen ninguna responsabilidad, a muchos se les obligó a comprar acciones; segundo, que se mantenga la marca Pastor porque beneficia a los trabajadores; y tercera, que se abra una pieza separada para ver cómo indemnizar a los accionistas", explicó en una respuesta conjunta a los portavoces de En Marea, Luís Villares, y BNG, Ana Pontón, que criticaron esa decisión del presidente de la Cámara, Miguel Santalices.

Villares censuró el "capitalismo de amiguetes" que ha provocado que el Estado pierda 60.000 millones de euros en ayudas a la banca y exigió una investigación sobre la retirada de 7.000 millones del Popular los días antes de su caída.

Pontón mostró habilidad para capitalizar la imagen de la sesión al blandir un euro para denunciar el coste de la compra del Popular por parte el Santander, obviando la provisión de alrededor de 7.000 millones para digerir la operación que debe realizar este. "¿Dónde estaba usted mientras se ponía en marcha la liquidación del Pastor?", se preguntó. Le afeó a Feijóo que, durante sus nueve años de gobierno, Galicia se quedó sin entidades propias, algo que el presidente de la Xunta vinculó con la crisis financiera mundial. Pontón y Villares coincidieron en denunciar la "estafa" a los accionistas.

Por otro lado, el socialista Xoaquín Fernández Leiceaga censuró los retrasos de la Xunta en la atención a dependientes, haciéndose eco del informe de la Valedora do Pobo en el que resalta ese déficit en la gestión. Feijóo reaccionó con el anuncio de que a final de legislatura -año 2020- la Xunta alcanzará la cifra de 70.000 atendidos y abrirá una residencia para mayores en cada una de las siete ciudades. También destacó el aumento de 14.000 atendidos en la época bipartida a los 44.000 actuales, a pesar de las reducciones presupuestarias, si bien el calendario de aplicación de la ley de dependencia era gradual e imponía la atención de los más graves primero y después, de los menos severos -los más numerosos-, después. Su entrada en el sistema fue retrasada por el Gobierno de Rajoy