Podemos ha decidido aclarar a los diputados de En Marea, a pesar de que, formalmente, el partido rupturista es de adscripción individual y pretendía superar la fórmula de coalición que empleó para acceder al Congreso de los Diputados, donde no logró grupo propio.
La dirección de Pablo Iglesias ha enviado a sus siete inscritos de En Marea -el grupo cuenta con 14 diputados- un documento para que estos confirmen su vinculación orgánica, una decisión tomada tras las divergencias acerca del sistema de donaciones de sueldo a sus siglas. La decisión va más allá de esa cuestión económica y cuestiona el espíritu con que nació En Marea. Podemos renunció a sus siglas para sumarse a la candidatura de las pasadas elecciones autonómicas, pero quiere dejar claro que sus diputados se deben a su formación original, independientemente de la fórmula jurídica de una alianza electoral. El documento será enviado también a otros territorios donde existen pactos similares.
Los miembros de Podemos en las filas de En Marea se dividen en dos grupos. Por un lado, Carmen Santos, líder morada en Galicia, y dos afines a la línea oficial. Del otro, cuatro críticos, aunque solo dos mostraron en noviembre resistencia a donar parte de su sueldo a Podemos por entender que se debían a En Marea. Fueron Luca Chao y Paula Quinteiro. Fuentes rupturistas confirman el envío de la documentación, pero no el plazo de cada uno para acatarla ni las consecuencias de negarse a ello, si bien apuntan a la expulsión como probable.
El origen de este conflicto nace en la gestación de la propia candidatura autonómica. Podemos quería mantener la fórmula de coalición aplicada en las elecciones generales y sus socios apostaron por crear un nuevo partido en el que se inscribirían sus miembros de forma individual. Pablo Iglesias, líder de Podemos, entró en escena en el último minuto para aceptar esa vía, en contra de lo que había defendido antes.
Formalmente, cada diputado se debe a la dirección recientemente creada de En Marea y no a sus siglas de origen. Tras los comicios, el grupo rupturista anunció una carta financiera para que cada miembro donase a una bolsa común y pudiese hacer lo mismo con sus formación de procedencia. Entonces, Chao y Quinteiro alegaron que se debían a las siglas que habían representado en las urnas, no a las que pertenecían, y al acuerdo anunciado, mientras Podemos abrió una investigación sobre esa situación.
Esa cuestión se mezcló con el choque entre los críticos y Santos en el Consello Cidadán Autonómico, lo que forzó la intervención de la cúpula estatal cuando desembarcó en Santiago Pablo Fernández, coordinador estatal con las alianzas autonómicas de Podemos. Entonces se acordó una comisión entre ambos bandos para firmar una tregua interna y se aclaró que cada miembro debería ceder salario a Podemos, además de a En Marea.
Esa mediación fue posterior a que los críticos, con mayoría en el CCA, intentasen modificar la dirección autonómica. Anunciar esa medida fue motivo de inhabilitación un año y suspensión de militancia seis meses para Celtia Traviesas, lo que anula la mayoría crítica en ese órgano.
El 25 de septiembre se cumplirá un año de las elecciones autonómicas, pero la cuestión económica sigue sin aclararse a pesar de los comunicados de ambas organizaciones asegurando que se cumplían los compromisos adquiridos. La propia vicepresidenta del Parlamento, Eva Solla (EU), reconoció a este diario aportar solo a su formación a espera de una nueva carta financiera. Lo mismo pasa con los de Podemos.
