El Gobierno decidió en 2012 sacar todo el jugo posible al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para alimentar la raquítica caja de los ayuntamientos, muy deteriorada por el parón de la economía y, sobre todo, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Y lo exprimió de las dos formas posibles que hay para elevar la presión fiscal. Subida en el propio tributo, en los tipos; y en el valor de las propiedades a las que se aplica, con la posibilidad de hacer una revisión exprés para actualizar su tasación a la situación actual del mercado. Por si fuera poco, el Ministerio de Hacienda impulsó un plan de regularización extraordinaria con el que rastreo construcciones nuevas y obras de mejora ocultas y así forzar su alta en el Catastro y el correspondiente pago de la popular contribución. ¿Cuál fue el resultado? La recaudación bate cada año un nuevo récord. También en 2016, aunque en el caso de los inmuebles urbanos los ingresos se estancaron por las rebajas en muchos concellos, ahora que la recuperación de la economía trae más fondos por otras vías. No sucede lo mismo entre los rústicos porque en el campo hay un "catastrazo" más: las instalaciones agroganaderas, hórreos y hasta galpones, antes exentos, tienen que abonar el impuesto. La recaudación se disparó el pasado ejercicio casi un 20% en Galicia.
El IBI rústico en la comunidad durante 2016 sumó un total de 14,293 millones de euros, según los datos que acaba de publicar la Dirección General del Catastro. En 2015 fueron 12,2 millones. El alza, de más de dos millones de euros, un 17%, es una de las más fuertes de los últimos años. A pesar de que el número de recibos baja, de 679.078 a 671.098. Lo hace, como es habitual con el IBI rústico, porque los municipios suelen depurar las facturas que pasan para quedarse con las más relevantes y evitar aquellas tan pequeñas que cuestan más -la notificación al dueño- de lo que recaudan. Entre 20013 y 2014, por ejemplo, la reducción de recibos en Galicia fue, como reflejan las cifras oficiales del Catastro, superó los 430.000.
La localización de bienes sin declarar finalizó en 91 concellos de Galicia, con 21.568 inmuebles rústicos -casi 85.100 urbanos- regularizados. De la provincia de Lugo son 24 localidades, que concentran seis de cada diez construcciones y reformas ocultas. No extraña que sea también la provincia luguesa la que acumula el mayor incremento en la recaudación del IBI, un 29,5%, en este tipo de suelo. Le sigue Ourense (3.547 regularizaciones), con cerca del 17%; un 15,2% en la provincia de Pontevedra (1.691); y el 13% en A Coruña (2.708).
Con todos estos cambios, el valor catastral de los activos rústicos en Galicia -montes, campos, huertas y, desde ahora, granjas, naves, invernaderos y cualquier tipo de instalación vinculada al trabajo en el campo- se sitúa en 3.945 millones de euros. Son 400 millones más que en 2015 y un ascenso del 25,5% en comparación con 2014 (3.143 millones).
Galicia es la segunda comunidad en la que más se incrementó el valor catastral rústico desde 2014, por detrás de Murcia, donde roza el 30%. En Extremadura y Andalucía fue del 19,5%; un 15,9% tanto en Castilla-La Mancha como en Canarias; por encima del 13% en Castilla y León y Baleares; un 12,7% en Cataluña; el 11% en Madrid; el 10,6% en Aragón; un 9,7% en Asturias; el 9,1% en Cantabria; un 7,7% en la Comunidad Valenciana; y el 4% en La Rioja.
La recaudación por IBI, a la espera de conocer la aportación de los Bienes Inmuebles de Características Especiales (Bices), ascendió el pasado año en Galicia a 498 millones de euros.
El recibo medio del impuesto pasa de 8,2 euros en 2013 a 21,3 euros durante el pasado año
- Más recaudación, aunque menos recibos. Así que los que pagan, pagan más. Entre otras cosas, por posibles reformas o cambios de uso en los inmuebles declarados ya antes, o porque las infraestructuras agroganaderas pesan más en la recaudación que un huerto pequeño. La cuota media del IBI rústico en Galicia en 2006 eran 3 euros. La cuantía no ha dejado de subir. En 2013 empezaron los ascensos más contundentes, cuando se situó en 8,2 euros. Un año después eran ya 14,8 euros; hasta 18 euros en 2015; y 21,3 euros el pasado 2016, según se desprende del cruce de datos de recibos y recaudación de la Dirección General del Catastro. En tipo medio que se está aplicando para el IBI rústico varía mucho entre los concellos, que tienen un margen legal que va del 0,3% al 0,9%. Entre los concellos de la provincia de Pontevedra la media es del 0,392, la más baja de toda Galicia. La más alta está en los municipios coruñeses, con un 0,533. En Ourense ronda el 0,49; y en Lugo, el 0,497. El Ministerio de Hacienda abrió recientemente la puerta a revisar la sujeción al IBI de las instalaciones agroganaderas. La discusión se hará en la comisión de expertos que analiza la reforma del sistema de financiación local.
