Los tres grupos de la oposición, a iniciativa del BNG, reclamaron ayer sin éxito al Parlamento de Galicia que inste a la Xunta a demandar al Ministerio de Fomento la apertura de un expediente sancionador a la empresa concesionaria de la AP-9 por el "mal funcionamiento del servicio y los continuos atascos y retenciones". Por su parte, el PPdeG solo es partidario de investigar estas retenciones antes de abrir el expediente.
Tanto En Marea como PSdeG apoyaron en el pleno una proposición no de ley del Bloque, que también reclamaba aprobar un protocolo de actuación para levantar las barreras de los peajes cuando se produzcan retenciones de más de un kilómetro en las cabinas de pago. Además solicita la recuperación de los empleos suprimidos en las cabinas y que se estudie la bajada de peajes en los tramos que están en obras.
"Exigimos que se actúe con contundencia para evitar esta estafa, este expolio y abuso" por parte de la concesionaria a la que el Partido Popular "le da el trato de una empresa amiga", manifestó el diputado nacionalista Luís Bará.
La propuesta contó con una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, presentada por el diputado Alberto Pazos y que fue rechazada por el BNG y que pedía sustituir los puntos defendidos por el Bloque por otros en los que se contemplase instar al Gobierno gallego a pedir a Fomento "medidas oportunas" para evitar los atascos en esta vía y que, en caso de producirse, "se minimicen sus consecuencias".
Además, apostaba por "garantizar las condiciones del contrato concensional, en concreto, en lo referido a la calidad del servicio en materia de personal", así como "abrir una investigación a la empresa concesionaria en relación con la calidad del servicio".
El diputado del PSdeG Raúl Fernández expuso que "es necesario romper con ese modelo en el que la concesionaria siempre gana y los usuarios siempre pierden". También censuró la "connivencia de los gobiernos de España y Galicia con la forma de actuar" de Audasa.
El parlamentario de En Marea Marcos Cal exigió la recuperación de esta vía para el sector público al considerar que "con la actual concesión" ganan las "oligarquías y pierde lo público".
"Privilegios"
PP y oposición sí fue capaz ayer de ponerse de acuerdo en otra cuestión, en considerar necesario que los diputados dejen de ser aforados, eso sí "preservando en todo momento que estas personas no puedan ser perseguidas por las opiniones o votos emitidos en el ejercicio de sus funciones". Además esta posibilidad se abordará con la reforma del Estatuto de Autonomía, que no está prevista.
El presidente de la Cámara, Miguel Santalices, leyó este acuerdo después de que todos los grupos apoyasen por unanimidad una iniciativa defendida por el diputado socialista Juan Díaz Villoslada, que fue transaccionada con una enmieda del PPdeG y otra del BNG.
A petición de los populares, el Parlamento de Galicia insta a la Xunta a trasladar esta posición a los grupos con representación en las Cortes Generales, para que "cualquier reforma del aforamiento" sea también ratada "dentro de un acuerdo a nivel estatal".
Villoslada justificó el cambio ante el "desencanto" de la ciudadanía con la política derivado de la "ola de corrupción" que hace que el aforamiento "sea percibido como un privilegio absolutamente innecesario".
El portavoz parlamentario de En Marea y exmagistrado, Luís Villares, declaró: "Los representantes públicos no queremos privilegios por la posición ocupada sino que exigimos mayores controles, precisamente, por la posición ocupada".
