La Consellería de Educación extenderá a 109 comedores escolares las exigencias de mejora de calidad de los menús introducidos en la última licitación de estos servicios, realizada en febrero de 2016, con "el fin de alcanzar un mejor equilibrio nutricional". Los aspirantes a administrar el próximo curso los 24 lotes en los que se distribuyen los comedores en adjudicación, para la que la Xunta prevé un desembolso de 8.175.694,44 euros, deberán servir obligatoriamente las nuevas cartas cerradas de menús, establecidas por Educación y evaluadas por la Consellería de Sanidade. De esta forma, las empresas que gestionen los servicios de comedor podrán elegir, para la temporada otoño-invierno y para la temporada primavera-verano, 10, 15 o 20 menús fijos, que deberán servir sucesivamente, según el orden previsto en la relación elegida. Un criterio que, según la Xunta, "mejora el sistema anterior", en el que los licitadores seleccionaban los menús de una tabla con 40 posibilidades distintas.

Tras la última revisión de la planificación de las comidas que se sirven en los centros con comedor, el Sergas pidió cambios en los menús al comprobar que la oferta alimenticia de los colegios abusa de platos fritos y rebozados mientras se queda corta en frutas y verduras, para las que recomienda un mínimo de cuatro y cinco raciones, respectivamente, por semana. Sin embargo, el nuevo catálogo de menús elaborado por Educación fija un mínimo semanal de solo tres productos de la huerta. Desde el departamento dirigido por Román Rodríguez señalan que la nueva carta de platos adapta las sugerencias de la guía elaborada por la Dirección Xeral de Saúde Pública para los responsables de la planificación de las comidas y que esta ha sido además a analizada y aprobada por Sanidade, aunque su elaboración no estaría motivada por los cambios que el Sergas solicitó después de la evaluación de los menús escolares.

Para el resto de alimentos, Educación fija un mínimo semanal de dos raciones de arroz y pasta, dos de pescado y otras tantas de carne, cuatro piezas de fruta, una de legumbres y otra de sobremesas lácteas. Según la evaluación realizada por Sanidade, que tomó como muestra lo que se sirve en 273 centros educativos con comedor (172 públicos y 101 privados), las raciones medias semanales están por debajo de lo sugerido en casi todos los alimentos analizados, excepto en carne, fritos, rebozados o lácteos, que se servirían en demasía, así como en precocinados, legumbres o patatas, donde se ajustan más a las recomendaciones.

Requisitos y criterios de adjudicación

En lo que se refiere a los criterios de adjudicación, Educación reduce el peso porcentual de la oferta económica, que pasa de los 50 puntos sobre 85 de la anterior licitación a 45 puntos sobre 100 al introducirse, según la consellería, nuevos baremos de puntuación "que persiguen una mayor calidad del servicio". En ese sentido, la Xunta destaca que valorará con hasta cinco puntos el empleo de productos lácteos de origen gallego, una práctica que, sin embargo, en la anterior licitación suponía el doble de puntaje. Además, desaparece la puntuación a las ofertas con menús que reducen el número de platos y guarniciones fritas, otras de las demandas realizada por el Sergas tras comprobar que los colegios sirven el doble de las raciones recomendadas con este tipo de preparación.

Por otra parte, los aspirantes a la adjudicación de los nuevos comedores deberán acreditar ante la Administración educativa, cuando no empleen las propias cocinas del centro, que las instalaciones, debidamente registradas y amparadas por las autorizaciones sanitarias y administrativas, "estén a menos de 200 kilómetros del colegio señalado cómo referente en cada lote", un requisito ya existente en la última licitación. Además, los adjudicatarios estarán obligados a poner a disposición de los centros todos los materiales requeridos para el idóneo servicio y calentamiento, regeneración o refrigeración de menús.

La Xunta continuará reteniendo a las empresas que gestionen los nuevos comedores el 1% del presupuesto de adjudicación para realizar auditorías periódicas con el fin de comprobar el cumplimiento de los pliegos que rigen el contrato.