En 2014 el Tribunal Supremo emitió una sentencia que supuso un cambio sustancial en la contribución que abonan los propietarios de suelos urbanizables sin edificar. Ya no tendrían que pagar el IBI urbano, como hasta entonces, sino el rústico, mucho más barato. Para los contribuyentes este rebaja es como pasar de pagar 100 euros a solo 1. El pronunciamiento del Supremo obligó a reformar en 2015 la Ley del Catastro Inmobiliario para volver a clasificar, con menor categoría a efectos fiscales, estos suelos urbanos sin figura de desarrollo ni aceras, calles, traída de agua, suministro de luz o edificio alguno levantado. Pero quien debe dar el primer paso e impulsar el proceso de revisión son los propios ayuntamientos, sin esperar a que los particulares lo reclamen previamente. Sin embargo, el proceso camina lento, pues la mitad de los ayuntamientos gallegos que están obligado a ello -los 174 que cuentan con PXOM-, aún no ha iniciado el procedimiento para rebajar el IBI que se aplica al suelo urbano sin edificar. Son 84 los municipios que siguen aplicando el tributo más caro a unos terrenos considerados rústicos a efectos fiscales desde la sentencia.
Según la información facilitada por la Dirección General de Catastro, a día de hoy son 90 los ayuntamientos que han ejecutado la sentencia del Supremo y ya han rebajado el IBI del suelo urbanizable sin desarrollar. Una medida que afecta a 38.612 parcelas en Galicia y que en total suman algo más de 52 millones de metros cuadrados
La provincia de A Coruña es la más avanzada, pues 52 de sus municipios ya revisaron la clasificación del suelo, rebajando el tributo a 14.953 terrenos que suman casi 27 millones de metros cuadrados.
En Pontevedra se avanza a un ritmo mucho menor, pues solo 15 ayuntamientos, según los datos de la Dirección General del Catastro, han completado el proceso, entre los que se encuentran Vigo, Gondomar, Redondela, Pontevedra o Sanxenxo. De esta revisión se benefician 9.963 parcelas con una superficie total de 6,6 millones de metros cuadrados. Pero quedan pendientes de revisión otros 21 municipios que están obligados.
Pero en las otras dos provincias, el cumplimiento de la sentencia es todavía peor. En la de Ourense solo aplican la rebaja del IBI once ayuntamientos -que afecta a 3.884 terrenos de 4,6 millones de metros cuadrados- y en Lugo son 12 los concellos que culminaron el proceso de revisión catastral, beneficiando a 9.812 terrenos que en total suman algo más de 14 millones de metros cuadrados.
La recalificación a efectos fiscales debe alcanzar en la comunidad gallega a los 174 ayuntamientos que tienen aprobados sus respectivos planes de planeamiento urbanístico, ya que los demás se rigen por normas subsidiarias y el suelo urbanizable carece de relevancia.
La aplicación de la sentencia tiene también un efecto directo sobre la recaudación municipal por la rebaja del IBI. Un informe de la Abogacía del Estado cifraba en su momento en 4.500 millones de euros la pérdidas para las arcas de las administraciones locales de toda España, dado que el IBI es precisamente la principal fuente de ingresos de las corporaciones municipales. En Galicia, por este tributo recaudan 500 millones al año.
Tres avisos para agilizar la revisión catastral
- Desde la sentencia del Supremo y la posterior reforma de la Ley del Catastro Inmobiliario, los ayuntamientos españoles recibieron al menos tres avisos para apremiarles a realizar la rebaja del IBI al suelo urbanizabe sin desarrollar, dado el bajo ritmo con que respondían los municipios. A principios del pasado año las gerencias territoriales del Catastro remitieron a todas las alcaldías un escrito en el que les recordaba su obligación legal de identificar los suelos afectados para proceder a la aplicación del IBI rústico en detrimento del urbano, como se hacía hasta la sentencia del Supremo. Luego intervino también la Defensora del Pueblo, quien se dirigió al Gobierno central para que adoptara las medidas oportunas con los ayuntamientos en los que no se había iniciado el procedimiento de revisión por la falta de transmisión de datos. Y finalmente, fue la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), presidida por el alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, la que aduciendo la "existencia de una obligación legal" envió también una circular a todos los ayuntamientos con recomendaciones para que se pusieran en contacto con las gerencias territoriales del Catastro para impulsar la revisión de la clasificación de los suelos derivados de la sentencia. Si un ayuntamiento no rebaja el IBI al suelo urbanizable sin desarrollar, los propietarios pueden reclamar o presentar una demanda para exigir la devolución de lo pagado.
