Antonio Roma, quien dejó la Fiscalía del área de Santiago tras casi tres años de investigación judicial del accidente del tren Alvia, aseguró ayer que "no se pueden descartar nuevas imputaciones en la investigación judicial por el accidente de Angrois". En una entrevista en Cadena Ser, también explicó que están pendientes las últimas pruebas periciales y que, por lo tanto, puede haber novedades en esa dirección.

En la actualidad hay dos investigados: el maquinista del tren Alvia, Francisco José Garzón, y Andrés Cortabitarte, ex-director de Seguridad de Adif.

Roma reconoció que es el caso más difícil al que se ha enfrentado en su carrera profesional y, tras ser preguntado al respecto, negó que su ascenso en la carrera fiscal, -ocupará un nuevo cargo como enlace con América Latina para la lucha contra la criminalidad organizada, sea un premio por su labor en la instrucción del Alvia.

Cuestionado sobre si actuó como abogado defensor de la posición del Estado y que su nuevo cargo sería una suerte de 'ascenso', Antonio Roma fue: "No, no, en absoluto. No, por Dios. En ningún momento se habló con el Estado ni el nombramiento guarda relación alguna".

"Yo tengo un perfil de cooperación judicial internacional desde hace mucho tiempo", añadió.

Roma confía en el equipo que lo sustituye a partir de ahora, y ha evitado polemizar con las víctimas que lo acusan de anteponer las indemnizaciones a esclarecer la verdad de lo ocurrido.

Respecto a una de las principales demandas de las víctimas, la creación de una comisión de investigación tanto en el Parlamento gallego como en las Cortes para derimir responsabilidades políticas, Antonio Roma indicó que en esta cuestión tiene "el alma partida", pues "a veces" esas comisiones "pueden tener cierta interferencia" en el desarrollo de la instrucción porque "pueden generar un juicio paralelo y los juicios paralelos tampoco ayudan a resolver".

En todo caso, percibe y entiende "que las víctimas quieren que alguien dé otra clase de explicaciones que no procede dar en un juzgado".