El proyecto de Lei de Protección e Benestar Animal presentado por la Xunta, y ya en tramitación parlamentaria, prohíbe y sanciona con hasta 500 euros la alimentación de animales abandonados en la calle y con hasta 5.000 su recogida si no se cuenta con los permisos correspondientes. Según la directora xeral de Conservación da Natureza, Ana María López, el objetivo de ambas medidas, criticadas por colectivos animalistas, es "garantizar la protección y bienestar animal" a través de una acogida controlada.
En declaraciones a este periódico, López defendió que la normativa "no busca sancionar a quien encuentra un animal abandonado y lo recoge" sino que pretende que el destino de estos sea un centro de protección autorizado: "Si alguien encuentra a un animal abandonado, debe recogerlo y llevarlo a un centro autorizado. Si no quiere hacer ese esfuerzo, debe avisar a la policía local de la situación para que lo trasladen a uno de estos centros".
Este matiz, sin embargo, no aparece en el contenido actual de la norma, en la que no se aclara cuál es el procedimiento a seguir en caso de toparse con un animal abandonado ni si la prohibición de la recogida alude simplemente a la tenencia o también a su traslado a un lugar dedicado a la protección animal.
En este sentido, la directora xeral reconoce que "tal vez el texto de la ley no esté lo suficientemente claro" pero no precisa si la Xunta tiene previsto realizar alguna modificación para solventar la redacción actual de los dos preceptos.
López defiende que ambas prohibiciones buscan evitar que los animales abandonados reciban alimentos "sin ningún tipo de control" y que "acaben en centros clandestinos en los que no existe salubridad, seguridad y control administrativo", un supuesto que, según la responsable del Refugio de Animales de Cambados, "no existe" y que, de, existir sería responsabilidad de la Xunta.
En cuanto a los permisos requeridos para poder alimentar y recoger a un animal abandonado sin cometer una infracción -a los que la norma alude pero no identifica con claridad-, López señala que aluden a los que otorgan los concellos, a quienes "compete" realizar ambas acciones.
