El Ministerio de Energía saca pecho tras la macrosubasta. "Se ha saldado con la adjudicación de 3.000 megavatios (MW), el máximo previsto, y sin coste para el consumidor eléctrico en el escenario de precios medios de referencia", aplaude el departamento que dirige Álvaro Nadal. La feroz competencia, con una demanda que triplicó la potencia en liza, provocó que la puja acabara como la del pasado 2016. Las empresas ganadoras -el 99,3% del reparto se lo llevó la eólica-, asumen todo el descuento posible en la retribución, aunque esta vez con una "rentabilidad razonable" asegurada del 7,5% en función de los precios previstos por la electricidad. Por eso el departamento que dirige Álvaro Nadal destaca que los proyectos "se llevarán a cabo sin necesidad de primas adicionales al mercado". Ahora toca buscar emplazamientos de calidad para asegurar el beneficio y con fácil tramitación. Una guerra entre comunidades para captar inversiones en la que Galicia se juega desbloquear el sector y mantenerse en el podio del viento.
De poco vale mucho viento en una zona si las autorizaciones se complican. Y viceversa. Lo primero ayuda a conseguir financiación y salva las cuentas: a más horas en funcionamiento, más ingresos. La cuestión de los plazos ante la administración -incluidos los permisos para acceder a la red eléctrica- es vital también porque los aerogeneradores deben estar en marcha en diciembre de 2019 o los promotores perderán los avales de 60.000 euros por megavatio.
Galicia es hoy la tercera región con más eólica. Cuenta con 3.344 MW, el 14,5% de la potencia en España. Hace tiempo que perdió el liderazgo e, incluso, Andalucía (3.326 MW) le pisa los talones. Entre los planes pendientes desde la etapa de Manuel Fraga y los proyectos más avanzados del concurso de 2010, la comunidad cuenta con alrededor de 1.000 MW autorizados y otros 1.400 en cola. Cuatro de las seis grandes adjudicatarias de la macrosubasta del miércoles son titulares de parte de esa potencia.
Gas Natural Fenosa, que se hizo con 667 MW, prevé una inversión de 700 millones de euros. Su consejero delegado, Rafael Villaseca, asegura que su cartera de megavatios, "repartida por distintas comunidades", es "realmente competitiva y optimizada". No aclara cuántos vendrán a Galicia. Tampoco, por el momento, lo dice Gamesa (206,45 MW) ni Norvento (128,6). El grupo lugués acumula 303 MW del concurso gallego.
Endesa, que obtuvo 540 MW de la puja de Energía través de Enel Green Power, sí detalla que tirará de "Aragón, Andalucía, Castilla y León y Galicia". "Nos posiciona como uno de los principales operadores de renovables", valora Enrique de las Morenas, director general de la filial verde.
Esas cuatro regiones, junto con Castilla-La Mancha, simbolizan el poder del viento en el país. Todas son conscientes de la oportunidad abierta, pero en posiciones de partida diferentes para atraer a los inversores. Sin olvidar que existe la opción de aliarse con terceros que posean potencia autorizada en un territorio.
A Galicia le pesa una tramitación larga y anticuada. La nueva ley estatal del sector eléctrico, por ejemplo, descarta que las renovables tengan que pasar por un concurso autonómico, como ocurre aquí, para ponerse en pie. Los promotores llevan además meses advirtiendo que los cambios que necesitan para actualizar las máquinas a las disponibles hoy en el mercado -solo desde el concurso de la Xunta pasaron más de seis años- obligan a retroceder las autorizaciones casi hasta el principio.
En el resto
Aragón es el ejemplo de todo lo contrario. Forestalia ganó la subasta de Energía de 2016 y la nueva. Suma 1.500 MW de eólica. Otra de las vencedoras del miércoles, Brial, es también de Zaragoza y prevé desarrollar allí sus 237,5 MW. Con toda esa potencia -y sin tener en cuenta la que podría llevarse de otras empresas, como la anunciada de Endesa-, Aragón le quitaría a Galicia el tercer puesto en eólica a una distancia superior a los 200 MW. O, lo que es lo mismo, aunque Galicia consiguiera 200 megas nuevos, Aragón se pondría por encima.
Una de las claves del despegue de Aragón en el sector es la decisión de su Ejecutivo de declarar los proyectos "de interés autonómico" para reducir a la mitad los plazos de 67 parques y "hacer a la comunidad líder en energías renovables".
Algo parecido impulsó Castilla-La Mancha. A principios de mes lanzó un nuevo decreto para las instalaciones de energía eléctrica que suprimió el concurso público regional como requisito previo a los parques y reducir la tramitación. En Andalucía las modificaciones para liberar a las empresas de cargas de cara a la macrosubasta pasaron por eximirles de los planes industriales que, al igual que en Galicia, estaban obligados a presentar para conseguir la autorización autonómica. Un sobrecoste menos para el sector y así competir en igualdad de condiciones con el resto de promotores.
