José emigró adolescente a Venezuela para escapar de la Galicia en blanco y negro de la dictadura franquista. Casi medio siglo después, detrás de la barra del bar que regentó a su vuelta a un país en color, tomó la decisión de seguir trabajando cada día, a pesar de haber cumplido los 65 años. Lo hizo hasta los 67 -la edad de jubilación que se alcanzará en 2027 tras la reforma del Gobierno de Rajoy aprobada en hace cuatro años- porque su esposa todavía no había logrado el tiempo suficiente de cotización para obtener una pensión mínima, es decir, por necesidad económica, a pesar del ahogo que había supuesto la crisis y la subida de la electricidad, clave en un pequeño negocio como el suyo, situado en A Coruña, y del cansancio de tantos años de tajo. Esa decisión emularon el año pasado 1.500 personas respecto al ejercicio anterior, lo que constituye el primer aumento desde 2012, hasta sumar 11.700 ocupados con más de 65 años de edad.
La jubilación no resulta obligatoria una vez se cumple la edad que da derecho a ella. Algunos profesionales liberales renuncian a esa opción para no perder poder adquisitivo, como abogados, arquitectos o médicos , aunque en este último caso se produjo un cambio clave el año pasado. Desde entonces, la Consellería de Sanidade abrió la opción de retrasar doce meses el retiro, tras haber denegado las peticiones en ese sentido desde 2013, hasta cuando se aprobaban de forma general durante un período máximo de un lustro.
Pero la mayoría de quienes siguen trabajando toman la decisión, en su mayoría por dos motivos: la necesidad de mantener mayores ingresos ante la previsión de una pensión baja insuficiente para sus cargas familiares o el horror vacui, el miedo a dejar la actividad cotidiana y verse sin nada que hacer.
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Récord en España
La Encuesta de Población Activa (EPA), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, muestra que 11.700 gallegos mayores de 65 años trabajan, siendo alrededor del 60% autónomos con cotizaciones mínimas -dueños de pequeños negocios, en la mayoría de casos-, y el resto, asalariados. Se trata de la segunda cifra más alta desde el inicio de la crisis tras los 14.200 de 2009. Desde 2012, cuando se alcanzaron los 11.800, el número fue descendiendo: 10.700 en 2013, 10.300 en 2014 y 10.200 el ejercicio pasado. Son datos de especial relevancia en un contexto como el gallego, con un imparable envejecimiento poblacional. De hecho, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, vinculó a ese fenómeno esta semana la caída en la cifra de población activa,
En España, el repunte se produjo ya en 2015 tras dos años de reducciones consecutivas. Se cerró aquel con 148.600 trabajadores más con más de 65 años, dato que se elevó a 158.900 el año pasado, récord desde 2009, cuando la crisis económica mundial golpeó al Estado.
Reforma de 2013
El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó hace cuatro ejercicios la norma que ponía fin a los 65 años como fecha referente de jubilación, instalando un calendario de aumento hasta los 67 que concluirá en 2027. De hecho, la fecha para poder retirarse alcanza ahora los 65 años y cinco meses y en 2018 sumará 30 días más.
Además, el período de media para calcular la cuantía de la pensión, fijado en 16 años, irá aumentando hasta los 25. Para percibir el máximo posible se necesitarán al menos 35 años de cotización.
El Gobierno descartó, además, elevar más allá de los 67 la edad para jubilarse.
Más pena a la pensión prematura que premio a su retraso
- Como en los casinos, la casa siempre gana cuando se trata de la administración. Resulta más gravoso adelantar la jubilación que beneficioso para el trabajador prorrogar la actividad laboral y así elevar la cuantía a percibir como pensión.Para adelantar el retiro, un ciudadano debe contar con al menos 35 años cotizados y haber cotizado hasta al menos dos antes de entrar en esa fase. Es decir, esa opción se abriría para los que tuviesen 63 años y cinco meses. Pero perderían entre un 8% y un 6,5% de su paga por trimestre.En cambio, quien mantiene su estancia en el mercado laboral ganaría para su pensión un 2% por cada año adicional, porcentaje que se elevará al 3% si se superaron las cuatro décadas cotizadas, según la norma actual.
