La renovación del cupo vasco ha llevado a otros gobiernos autonómicos a apresurarse a reclamar un trato equivalente y a avisar ante posibles desigualdades en financiación.
Uno de los más críticos ha sido el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, quien consideró que el acuerdo entre el Gobierno y el PNV hace "absolutamente imposible" que se pueda alcanzar un pacto de financiación autonómica con el resto de comunidades.
Desde Finlandia, el valenciano Ximo Puig advirtió de que, cuando se reforme la Constitución, "habrá que plantear nuevas fórmulas que garanticen la igualdad entre ciudadanos, ya que la desigualdad es ya una norma habitual en el funcionamiento del Estado".
El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, también del PSOE, contrapuso el esfuerzo constante de los ciudadanos de su comunidad frente a los "muchos millones de euros" a cambio de tan solo cinco votos del PNV en el Congreso. También el consejero cántabro de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota (PSOE), reivindicó un "trato justo" para las comunidades, "equivalente" al del País Vasco.
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, subrayó que el Gobierno central tendrá que explicar con "claridad y con rigor" cómo ha hecho el cálculo teniendo en cuenta que el cupo "tendrá que ser solidario con el resto del territorio".
La Junta de Castilla y León (PP) cree que el acuerdo sobre el cupo "perjudica" a las demás autonomías. Su portavoz, Milagros Marcos, sostiene que "para nada beneficia al conjunto" y reclama que las condiciones se pongan "encima de la mesa" de la negociación de la financiación autonómica.
El PSOE denunció que si el acuerdo fuera entre los socialistas y el PNV para sacar a adelante los presupuestos a cambio de una mejora en el cupo vasco "los titulares" en la prensa "serían 'Se vende España'".
Y Podemos censura que el PP utilice el cupo "como moneda de cambio para comprar voluntades".
