La justicia investiga en Ourense un presunto fraude relacionado con la obtención de ayudas públicas para realizar cursos de formación. Cinco personas fueron detenidas ayer en el marco de esta operación y hay otros dos investigados, entre ellos el jefe de Recursos Humanos de la Diputación de Ourense y alcalde del PP en Monterrei, José Luis Suárez Martínez. La Policía inició las pesquisas en 2015 para destapar una trama, ideada presuntamente por el responsable de una academia de Ourense -que cerró ya hace dos años- para obtener subvenciones públicas supuestamente mediante falsedades y engaños. Para ello, se valdría de su mujer, que también fue detenida ayer, y que ocupa un puesto en la Xunta. Además el principal investigado, el dueño del centro de estudios, habría pagado, según la investigación policial, sumas de dinero al jefe de Personal de la Diputación de Ourense a cambio de la contratación de algunos de sus alumnos. Se estima que el fraude podría ascender a 600.000 euros.
El juez de Instrucción Leonardo Álvarez investiga desde finales del año pasado el presunto fraude -que abarcaría siete años, entre 2005 y 2012- de una academia que habría obtenido ayudas públicas de Diputación, Xunta, Concello y de fondos europeos por cursos que supuestamente no siempre realizaba.
A raíz de esta operación fueron detenidos el dueño del centro de formación, L.T.C. (60 años), su mujer, C.P.A. (62), funcionaria de la Xunta. Tras pasar a disposición judicial, fueron puestos en libertad provisional. Los otros tres detenidos fueron A.G.B. (55 años), J.C.L. (63 años) y M.C.A. (69) que ya quedaron liberados tras pasar por comisaría. Además se investiga a P. T. P. (de 25 años), hijo del matrimonio, y al jefe de Recursos Humanos de la Diputación.
A José Luis Suárez Martínez se le atribuye un supuesto delito de cohecho. La Policía Judicial lo citó en el Pazo provincial el jueves. El jefe de Personal de la Diputación de Ourense no declaró porque su abogado estaba en Madrid. Los policías lo dejaron marchar. El instructor decidirá ahora si lo cita a declarar como investigado en sede judicial.
La Policía Nacional asegura que el dueño de la academia tenía a Suárez como "contacto" en la Diputación de Ourense, según varias declaraciones recabadas por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV). Presuntamente, el empresario "contactaba para introducir en dicho organismo a determinados alumnos, indicando varios a los que les había ofrecido una plaza en la Diputación, pagando determinadas cantidades de dinero (hasta 12.000 euros). Dos de estas personas y en compañía del primer detenido se reunieron con el citado contacto de la Diputación consiguiendo contrataciones temporales en la misma", tal y como asegura la Policía.
El jefe de Personal de la Diputación lo niega. "Nunca hubo ninguna reunión ni por supuesto compras de plazas, que es algo muy fuerte". El responsable de personal en la Diputación muestra su "tranquilidad más absoluta". Admite que el empresario detenido de la academia acudía al Pazo provincial para interesarse por "fechas de exámenes de oposición". "Coincidí con él alguna vez, pero nada más", señaló a Faro de Vigo.
José Luis Suárez no es el único funcionario investigado en este caso. La mujer del empresario, C. P. A., ocupaba un cargo en la delegación territorial de la Consellería de Traballo e Benestar. Ahora está en Economía pero se encuentra de baja desde el pasado diciembre.
Las subvenciones obtenidas irregularmente sumarían, según la investigación policial 506.000 euros, mientras que la deuda con la Seguridad Social por altas y pagos de nóminas ficticios sería de 96.000.
La Policía Nacional ha visto indicios de presuntos delitos de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, estafa y cohecho.
Se inicia la investigación en 2015 a partir de una denuncia recibida por la Policía que destapa una trama ideada por el responsable del centro de estudios. Supuestamente obtenían las ayudas públicas mediante falsedades. Según la Policía, participaría activamente la mujer del principal investigado, que ejerce un cargo de responsabilidad en la Xunta y dispone de un sello de compulsa personal. Con el mismo daba presuntamente validez a la documentación falsificada, desbloqueando el acceso a las subvenciones para los cursos de formación.La trama usó supuestamente una asociación sin ánimo de lucro, Aexpa, que fue mantenida con actividad ficticia entre 2005 y 2015. La investigación apunta a que se falsificaron actas y firmas.
