La Xunta subvencionará con 7.000 euros cada contrato que una empresa firme con un menor de 30 años tras formarlo: 2.000 corresponderán a este último aspecto y 5.000, a rebajar los gastos de contratación. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció ayer en el Parlamento que el Consello del Ejecutivo aprobará hoy una medida para facilitar el empleo a 10.000 jóvenes. Lo hizo en una sesión en la que volvió a acumular reproches a la oposición y en la que En Marea y BNG exigieron, sin respuesta, "no devolver los favores" a Ferroatlántica, en alusión a que el máximo accionista del grupo, Juan Miguel Villar Mir, está imputado en la operación Lezo, permitiéndole vender sus dos centrales en la Costa da Morte, petición que el titular de Economía, Francisco Conde, negó haber recibido.

El duelo sobre el mercado laboral entre Feijóo y el portavoz de En Marea, Luís Villares, fue el escenario del anuncio. Este último realizó un balance demoledor del período del líder del PP en San Caetano. "Tenemos 103.000 personas menos en el mercado laboral y 38.000 parados más", clamó. "Su única política industrial es devolverle los favores a Villar Mir", censuró. "La corrupción del PP va a llevar a la gente al paro", añadió luego sin el micrófono abierto. También le afeó la falta de ejecución el año pasado de, al menos, 60 millones de euros en políticas activas de empleo.

Feijóo desdeñó las cifras de su rival y expuso las suyas, con la caída de 21.700 parados el último año como bandera. "Tenemos menos paro que cuando me eligieron en 2012 e incluso que en 2009. Solo cinco comunidades lo tienen", esgrimió.

Galicia sumó un paro registrado de 210.056 personas en marzo, 56.000 menos que ese mes de 2009, un mes antes de su toma de posesión. Pero también cerró aquel ejercicio con 56.000 activos más, según el INE. Feijóo atribuyó esa caída al declive demográfico de la comunidad.

Ferroatlántica y la investigación judicial a Villar Mir jalonaron también la retahíla de reproches de la nacionalista Ana Pontón, que denunció sumisión de la Xunta ante el Gobierno central. Citó como argumentos el "recortazo" de 440 millones en las cuentas para Galicia de este año, el retraso del AVE a 2019, las "cero competencias" asumidas por la comunidad desde 2009 o el resultado de la comisión de cogestión de la AP-9 con Fomento. "Se resume en más atascos y más peajes", espetó.

Feijóo replicó con la "lucha por no pagar 180 millones en peajes" a la concesionaria de la AP-9, acuerdo pendiente del Consejo de Estado para evitar los 6 millones anuales por peajes en sombra en Vigo y A Coruña que asume la Xunta. También se refirió a Villar Mir tras pedir Pontón una comisión de investigación sobre sus contratos con la Xunta. "Los contratos adjudicados por ustedes en el bipartito en cuatro años y los nuestros, en nueve, andan por ahí. No me preocupa. Son cantidades absolutamente razonables", expuso, eximiendo de la comparación la administración Fraga, cuya fundación "no tiene un patacón", añadió tras denunciar Pontón "donaciones" del empresario a la entidad. "Deje en paz a Fraga, si es posible", exigió Feijóo.

El PSdeG y la ley de medios

Por último, el socialista Xoaquín Fernández Leiceaga reprochó a Feijóo que no se haya cumplido la ley de medios de 2011, cuyo desarrollo está sin completar, para lograr mayor "transparencia y calidad" en la TVG y evitar el "control político" actual. El presidente de la Xunta ensalzó las cifras de audiencia del canal y censuró la gestión del bipartito, así como las grietas internas del PSdeG. "Sobre objetividad en la TVG no pueden reclamar, sino que tienen que pedir disculpas", espetó recordando el período entre los años 2005 y 2009.