24 de abril de 2017
24.04.2017

Las denuncias por cambios de uso del suelo tras un incendio se cuadruplican en dos años

-La Policía Autonómica abrió 186 expedientes el ejercicio pasado -La ley prohíbe modificar el fin del terreno calcinado durante 30 años

24.04.2017 | 01:29
Estado del camión quemado ayer en Mandiá (Ferrol). // L. L.

El 70% de incendios forestales en Galicia el año pasado fueron incendios, con una cifra de 1.979. En la larga lista de motivaciones para esta práctica se encuentran los cambio de uso del suelo y de cultivo. La ley establece con, carácter general, que después de que las llamas arrasan un terreno, el uso del suelo no puede modificarse por un periodo de 30 años. Pero son cada vez más los expedientes abiertos por la Xunta por el incumplimiento de la normativa. Solo el año pasado, se interpusieron 186, según la memoria de la Policía Autonómica. El incremento del ejercicio pasado fue de casi el 4% respecto a 2015, pero supone el cuádruple que las 48 registradas hace dos años y multiplica por ocho el balance de 2012 (23 denuncias).

No es el único aspecto de vigilancia que amplía sus denunciar. Los expedientes por talas de madera en zonas afectadas por el fuego también se incrementaron el año pasado. Llegaron a multiplicarse por siete, al pasar de cuatro contabilizados 2015 a 29 el año pasado, la cifra más alta registrada en la actividad de la Policía Autonómica.

Este aumento de expedientes abiertos responde a un refuerzo de las labores de vigilancia realizadas por los agentes de la Unidad de Policía Adscrita de Galicia, que experimentó un importante salto en el control a raíz de la Lei de Montes aprobada por el bipartito en 2007, que por primera vez estableció unas distancias de seguridad mínimas entre las viviendas y las masas forestales. En 2011, la Xunta de Feijóo redujo a 30 metros la distancia entre los núcleos de población y las especies arbóreas.

Con carácter general, la Ley de Montes estatal prohíbe construir en un terreno forestal incendiado sin que hayan pasado 30 años. Y por esa misma razón no se puede recalificar el suelo con fines urbanísticos ni levantar edificaciones sobre ellos, salvo que contasen con un planeamiento previamente aprobado.

El mayor volumen de denuncias afecta a las irregularidades en las quemas (2.013), seguidas de falta de franjas de seguridad en viviendas o infraestructuras (1.468). En ambos casos se redujeron respecto a 2016, pero se multiplicaron en relación a años pasados.

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