Casi tres años después de que el Tribunal Supremo ordenase subir la luz en aquellas comunidades que tienen impuestos a la actividad eléctrica, el Ministerio de Energía solo ha logrado aplicar los llamados "suplementos territoriales" en cuatro de ellas. En Cataluña, La Rioja, Castilla-La Mancha y Valencia. Lo ha intentado en otras cuatro con este tipo de tributos, Galicia entre ellas, pero la negativa de sus gobiernos a remitir la información necesaria para calcular cuánto más deben pagar los ciudadanos llevó incluso al departamento que dirige Álvaro Nadal a pedir ayuda al tribunal. "Sin duda, una situación confusa, complicada y que necesita de un ordenamiento, especialmente cuando hablamos de un sector regulado", se queja Rafael Villaseca, consejero delegado de Gas Natural Fenosa, la compañía a la que el Supremo dio la razón en junio de 2014 sobre la obligación de aplicar los recargos y para los que apremia una "clarificación".
El fallo del Supremo, que el pasado marzo dio tres meses de plazo a Energía para impulsar los suplementos en las cuatro regiones pendientes -junto con Galicia están Castilla y León, Asturias y Extremadura-, considera que tasas como el canon eólico rompen la unidad de mercado y, por tanto, las deben asumir los clientes de esas autonomías y no los consumidores de toda España.
La polémica, en la que la Xunta argumenta que sus gravámenes son medioambientales y no económicos -a pesar de que, por ejemplo, una de las razones por las que se instauró el recargo en Castilla-La Mancha fue el canon a los parques eólicos, idéntico al gallego-, es otro ejemplo más del enfrentamiento de las empresas energéticas con el sector público a propósito de la presión fiscal. Como ocurre también con las tasas locales para las líneas de transporte y distribución de electricidad que el Supremo acaba de respaldar.
"El precio de venta de la electricidad está regulado por una administración, pero otras administraciones van poniendo nuevos costes", apuntaba ayer Villaseca durante la rueda de prensa previa a la Junta General de Accionistas de Gas Natural en Barcelona. El resultado es "una situación de fuerte desconcierto" porque "uno no sabe, cuando invierte, en qué condiciones lo hace".
El principal grupo energético que opera en Galicia considera que es "urgente" poner "orden" y "clarificar" el panorama para, precisamente, facilitar el desarrollo de proyectos. Ahora, dice el número dos Gas Natural Fenosa, "no es posible hacerlo con claridad". "O liberalizar el precio de venta o tener en cuesta esos costes cuando alguien fija el precio -apunta-. Pero si no se hacen ninguna de las dos cosas y se permite que diversas administraciones actúen sobre el mercado regulado la situación al final es, naturalmente, de confusión y desorden".
Por la carga impositiva que arrastra, Rafael Villaseca considera que la luz en España no es "competitiva" y reclama una reforma que evite "el mal funcionamiento" derivado de que el 40% de la energía que va al mercado cuente además con incentivos públicos, en referencia a las centrales con derecho a prima; o la "inconsistencia" de que haya que importar electricidad de Francia y Portugal, hasta 10 euros más barata por megavatio (MW), para reducir los precios aquí.
Proyectos gallegos
Gas Natural "está estudiando" los proyectos con los que concurrirá a la subasta de renovables del próximo 17 de mayo. En Galicia acumula más de 200 MW en cartera, aunque "pocos" aún con las autorizaciones al completo. El delegado de la compañía en la comunidad, Manuel Pellicer, confía en que la calidad del viento y de los proyectos permita colocar "un importante contingente de parques gallegos" en caso de que consiga potencia en la puja del Ministerio de Energía.
El grupo agota los plazos para concretar qué hará con la central térmica de Meirama. Sobre plan para reducir emisiones y alargar la vida de la planta más allá de 2020 acorde con la nueva directiva europea, Rafael Villaseca confirma que está "aún pendiente de estudio", aunque la tramitación administrativa arrancó ya y si las condiciones económicas y regulatorias lo permiten irá adelante.
A la espera está también la compañía de los trámites con el Ministerio de Medio Ambiente, un proceso "ralentizado", para modificar la concesión de los embalses de Belesar y Os Peares para convertirlas en centrales de bombeo que permitan almacenar electricidad y usarla cuando más la necesite el sistema. El proyecto, que no implica, según Gas Natural Fenosa, ninguna modificación de la infraestructura, cuenta con una inversión de 250 millones.
