Ante la reclamación de Audasa de 115 millones de euros a Fomento por las obras de ampliación de la AP-9 y la rebaja del tramo entre Vigo y Pontevedra, dinero que ingresaría mediante la subida de los peajes, el ministerio de Íñigo de la Serna opta por guardar silencio, pero la Xunta defendió ayer que el incremento de las tarifas "no puede aplicarse en modo alguno" hasta que concluyan los trabajos y se justifique la inversión realizada.
El consejo de administración de la concesionaria de la autopista ha presentado un recurso contencioso-administrativo para reclamar precisamente la subida de los peajes con los que poder compensar el desembolso realizado por la empresa. Casi 100 millones de euros serían por los trabajos de ampliar el puente de Rande y el tercer carril que funciona como circunvalación de Santiago y el resto, por los descuentos aplicados entre Vigo y Pontevedra en los viajes de ida y vuelta en el mismo día.
El incremento de las tarifas se presenta como una "actualización extraordinaria", pero las cifras todavía no son definitivas. Fomento ya había rechazado, siendo la ministra Ana Pastor, un aumento de los peajes en el año de inicio de las obras, como era la pretensión de la concesionaria, exigiendo primero su conclusión.
El Gobierno gallego, como recoge Audasa en su recurso, recuerda que las demandas económicas que la concesionaria presenta contra el Ministerio de Fomento tienen su origen en los acuerdos cerrados en su día con el Ejecutivo de Zapatero -ya en funciones- sobre las obras de ampliación de la AP-9. "Se acordó que Audasa podría recuperar la inversión con subidas de peajes", destaca la Xunta. Pero acto seguido expone las condiciones en las que se deberían llevar a cabo la actualización de las tarifas. "La Xunta entiende que esa subida de los peajes no puede aplicarse en modo alguno antes de que terminen las obras de ampliación que están en marcha y sin que antes se haya cuantificado y justificado la inversión realizada", sostiene el Ejecutivo autonómico.
Según indica, este planteamiento, sobre la actualización de las tarifas, ya se le trasladó al Ministerio de Fomento en la reunión de la comisión bilateral que se celebró en Madrid para activar el modelo que permitirá la gestión conjunta de la AP-9.
Los atascos registrados esta Semana Santa también preocupan a la Xunta, si bien aclara que estuvieron motivados "en gran parte" por las obras de ampliación "en las que conviene imponer límites de velocidad y otras medidas de seguridad que afectan a la fluidez del tráfico". Recuerda que en el pasado ya presentó reclamaciones tanto a Fomento como a Audasa por deficiencias en el servicio, exigiendo una mejor respuesta de la concesionaria ante situaciones de especial intensidad de tráfico y otras circunstancias previsibles.
En todo caso, precisa que en la próxima reunión de la comisión bilateral donde se está negociando la fórmula para la gestión compartida de la autopista se abordará el establecimiento de "medidas extraordinarias que garanticen la calidad del servicio en las épocas de mayor tráfico".
Sobre los atascos, el portavoz parlamentario del PP, Pedro Puy, fue más allá y si bien también atribuyó las retenciones, sobre todo entre las ciudades de Pontevedra y Vigo, a las obras de desdoblamiento en Rande, indicó que el convenio firmado en su día por el Gobierno de Zapatero y Audasa no establecía ninguna sanción por los atascos. "Las congestiones no se contemplaron, como tampoco ninguna decisión sobre posibles retrasos", declaró el diputado popular.
En todo caso, Pedro Puy confía en mantener la unanimidad de los grupos políticos sobre el texto acordado para defender en el Congreso de los Diputados el traspaso a Galicia de la AP-9, cuyos trabajos en ponencia para preparar los argumentos que se llevarán a Madrid se iniciarán esta semana en la Cámara autonómica. El documento final se llevará a las Cortes, pero hasta ahora todos los intentos de conseguir la transferencia han fracasado.
