Cuando Aristóteles planteó que el ser humano es un animal político estaba lejos de pretender limitar la construcción del bien común en torno a la reivindicación sobre los derechos de los animales. Sin embargo, la actividad ciudadana en el Parlamento gallego, se presta a una interpretación más ajustada a la literalidad del juego de palabras.

Desde que, en 2015, se abrieron nuevas vías legales para canalizar, dentro de los procedimientos parlamentarios, las inquietudes populares eludidas en los programas electorales, el colectivo animalista fue prácticamente el único que se supo o quiso saberse interpelado.

Las 13 preguntas de control al Gobierno que se registraron en la Cámara, una de las nuevas modalidades de intervención introducida por la Ley de iniciativa legislativa popular y de participación ciudadana, llevan la firma de la asociación Libera!

A pesar de que esta fórmula permite a cualquier ciudadano dirigir preguntas al Parlamento con el ruego de que sean expuestas al Ejecutivo, ninguna otra entidad ni persona -por desconocimiento o falta de interés-recurrió a esta posibilidad de vigilancia gubernamental.

Además, aunque todas las propuestas efectuadas fueron admitidas a trámite por la Cámara, poco menos de la mitad recibieron cobijo entre sus habitantes. Del total de las registradas desde que, hace año y medio, esta modalidad es una realidad en vigor, solo seis recibieron el guiño de algún grupo parlamentario. Es decir, fueron las únicas que lograron que algún diputado asumiera el interrogante popular como propio y lo convirtiera en una pregunta dirigida a la Xunta.

La diputada del PSdeG, Patricia Vilán, logró la respuesta para cuatro de ellas, referentes a la prohibición del acceso de menores de 12 años a eventos tauromáquicos, la experimentación con animales, el uso de estos en atracciones y la práctica del encadenamiento de perros. Las dos restantes, relativas al comercio ilegal de animales y la abolición del tiro al pichón, obtuvieron la réplica del Ejecutivo a través de los parlamentarios del PP, Martín Fernández y Gonzalo Trenor, respectivamente. Las otras siete, sin embargo, decayeron al no generar interés en ningún escaño de O Hórreo.

En cuanto a la recepción de las proposiciones no de ley, el otro tipo de prticipación creado en 2015 -cuya admisión exige el amparo de 2.500 firmas-, el entusiamos generado es aun menor. Tan solo una iniciativa de estas características fue registrada: la que impulsó la Asociación Galega de Familias Numerosas para instar a la Xunta que solicitara al Gobierno central la reducción del IVA a los pañales infantiles y que fue traslada para debate en el pleno por el PP.

Según el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, el Gobierno gallego está "razonablemente satisfecho" con el aprovechamiento social de las nuevas oportunidades de participación, aunque reconoce que la actividad ciudadana en la Cámara aumentaría si se incrementara el conocimiento sobre estas posibilidades.

Sin embargo, entre los mecanismos de participación con trayectoria ya veterana, como el de las proposiciones de ley de iniciativa legislativa popular (ILP), el éxito tampoco es mucho mayor. Si bien en este bloque el número de propuestas aumenta cuantitativamente - hasta alcanzar las 39- en términos comparativos, sus resultados son modestos.

Aunque la ILP Valentín Paz Andrade, aprobada por unanimidad en 2014, supuso un hito en la historia del accionar ciudadano al interior de O Hórreo, solo otras cinco proposiciones corrieron suerte semejante a lo largo de los 35 años que llevamos escribiendo la biografía del Parlamento.

Desde que en 2015, el número de firmas precisas para sostener una propuesta de este tipo descendió hasta las 10.000, se presentaron tres nuevas iniciativas, dos en la actual legislatura. Se trata de la que solicita la corresponsabilidad parental y de relaciones familiares en el cese de convivencia, impulsada por la Asociación Galega de Pais e Nais Separados, y la que demanda la creación de medidas legales para la garantía de los derechos lingüísticos en el ámbito socieconómico, presentada por la Mesa pola Normalización Lingüística. Dado que ambas fueron admitidas a trámite, actualmente el proceso se encuentra en la fase de la recogida de las rúbricas precisas para que ser debatidas en la Cámara.