A la tercera no fue la vencida. Andrés Cortabitarte, que ha sido imputado tres veces en la causa de Angrois, se acogió ayer por segunda vez a su derecho a no declarar ante el juez. El único cargo público que aparece junto al maquinista del Alvia como investigado por el siniestro en el que perdieron la vida 80 personas y se registraron más de 140 heridos ha apostado por el silencio hasta que la Audiencia Provincial de A Coruña decida sobre su recurso, lo que podría demorarse, según fuentes jurídicas, hasta julio. El recurso fue impugnado por las víctimas y el maquinista.

Ambos lados criticaron la actitud del que era director de Seguridad en la Circulación de Adif cuando se abrió la línea Santiago-Ourense, al que el juez Andrés Lago citó a declarar ayer en calidad de investigado (antes, imputado). Lago Louro entiende que el análisis integral de riesgo, previo a la puesta en funcionamiento de la línea, "siendo preceptivo, no se hizo" y vio "indicios suficientes para estimar que, por lo menor por parte de Adif, no se hizo todo lo posible por mitigar el riesgo".

Para las víctimas, que se concentraron ante el juzgado para increpar a Cortabitarte, su opción de no declarar es "legal, pero inmoral", lo que comparte el letrado del maquinista. Una de las portavoces de los damnificados, Teresa García-Limón, ve "inmoral que una persona que ocupa un cargo público actualmente que pagan todos los ciudadanos venga aquí, a un juzgado donde ha habido 81 muertos y 144 heridos, y después de ser imputado por tres veces se acoja a su derecho a no declarar". "Eso no es transparencia", criticó, para añadir que "lo que deberían hacer" sus superiores, "si tuvieran vergüenza", sería "echarle" de su puesto.

Manuel Prieto, letrado del conductor, ve "lamentable la falta de colaboración con la justicia" de Adif. "Entendemos que esto es un acto prácticamente de cobardía, de no querer reconocer que efectivamente lo hicieron muy mal", señaló, para apuntar que "la omisión de medidas de seguridad es gravísima". Lo comparte, dice, la Agencia de Seguridad Europea, que es "contundente" al afirmar que "ni había análisis de riesgos ni se había evaluado el riesgo de la curva ni había medida de seguridad" alguna. Prieto espera que Cortabitarte declare para que la instrucción "no se quede solo en él porque me imagino que aquí hay muchas responsabilidades compartidas".

Mientras, la europarlamentaria del BNG, Ana Miranda, trasladaba ayer a la comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc, la necesidad de abrir un procedimiento de infracción contra España "por incumplir la normativa comunitaria en la investigación del accidente ferroviario de Angrois", algo que ve más cerca tras la reunión. Miranda valoró que Bulc ve "el caso abierto aunque fuentes de la Comisión, según Europa Press, afirman que "la decisión de reabrir una investigación recae enteramente en la CIAF" (el organismo que cuestionó la UE) y que "la Comisión no puede llevar a cabo investigaciones ferroviarias" aunque sí ayudar y así lo ofrecieron sin recibir todavía una respuesta.