El relato de Gracinda Pampillón, madre de un joven con daño cerebral, refleja el compendio de gratitudes agrias y apenadas frustraciones que definen muchas de las experiencias que las familias gallegas de dependientes dicen tener con la legislación.
El hijo de la viguesa, de 35 años, sufre un daño cerebral desde que a sus dieciséis tuvo un accidente de moto. En aquel entonces, la carencia de recursos especializados en Galic ia obligó a su familia a la "emigración" sanitaria:"Los médicos no eran capaces de asesorarnos y tuvimos que ir a un hospital de Pamplona". Fue en los pasillos del centro navarro, tras intercambiar pareceres con otras personas en una situación similar, cuando Pampillón y su marido decidieron fundar Alento, la primera entidad gallega que atendió las necesidades de personas con lesiones cerebrales. Tras la aprobación de la Ley, la valoración que otorgó un grado III de dependencia al hijo de Pampilló alivió la responsabilidad asumida hasta entonces por la asociación.Sin embargo, la situación familiar no mejoró excesivamente.
La ayuda económica de 463 euros que se les reconoció-como medida compensatoria ante la ausencia de la plaza solicitada-resulta insuficiente. A pesar de vivir una situación económica complicada, la familia tiene que destinar una cuarta parte de la prestación al pago del Centro de Día de Navia, al que el joven solo puede acudir media jornada. En consecuencia, a Pampillón y su marido, parado de larga duración, les toca tener que hacer números y tratar de no perder la paciencia: "Necesitamos un respiro pero no hay plazas. La Ley no tiene en cuenta que no solo la persona dependiente se ve afectada. Quienes la rodeamos también".
