Paradójicamente, la legislación engendrada para favorecer a quienes carecen o tienen limitada su autonomía, sufre con especial rigor el peso que ataduras y sujeciones de diversa naturaleza imponen a su aplicación. Desde su aprobación en 2006, la Ley de Dependencia enfrenta una maraña de obstáculos y contradicciones que, junto con algunas carencias en su planteamiento de partida, desmerecen en la praxis buena parte de las pretensiones perseguidas con su impulso.Un repaso a su primera década de vida muestra que, el proyectado como "cuarto pilar del sistema del bienestar", avanza pero a la pata coja.
Según datos del Imserso, a 27 de febrero del presente año, en Galicia existen 80.000 solicitudes registradas para recibir ayuda para dependientes. De ellas, 48.738 fueron atendidas pero 17.563 personas aun aguardan por la efectividad de las prestaciones reconocidas. Además, otras 1.756 tienen pendiente su valoración.
Frente a las cifras, aun muy alejadas de la resolución urgente que muchas situaciones de sufrimiento requieren, diversas asociaciones y colectivos del tercer sector de acción social gallego, -una malla que, durante años, salvó del olvido y la exclusión a miles de dependientes-,confluyen al identificar, más allá del mero análisis numeral, el combo de factores que impiden una celebración satisfactoria de la efeméride.
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| Carencia de recursos. Mientras que, en los últimos años, el número de solicitudes creció exponencialmente en coherencia con el calendario previsto para la implementación progresiva de la ley, los recursos destinados a la dependencia descendieron en picado. En plena crisis económica, el tijeretazo ejecutado por el Gobierno de Mariano Rajoy a los servicios sociales, reflejado en todos los presupuestos aprobados desde 2013 bajo la justificación de las imposiciones de la austeridad, la infrafinanciación del sistema de atención a dependientes se convirtió en la pauta rectora. Las Comunidades Autónomas, responsables de gestionar los servicios, tuvieron que asumir la mayor parte de lsus costes, a pesar de que la norma establece una corresponsabilidad económica paritaria entre estas administraciones y la central.
Como resultado lógico, las coordenadas iniciales de la legislación sufrieron una erosión encadenada, incluidas reformas y supresiones en su identidad esencial,definida por el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero.
| Prolongados plazos de espera. Los seis meses de plazo máximo que, según lo fijado en la norma, pueden transcurrir entre la petición de la ayuda, la emisión del dictamen y el acceso efectivo a las prestaciones reconocidas, junto a la postergación de aquellos con dependencia moderada a julio de 2015, las familias sienten los tiempos demasiado cercanos a la eternidad. Básicamente porque gran parte de los casos cuentan con una trayectoria de existencia bastante previa a suconversión en expediente. De hecho, los casos de personas solicitantes que fallecieron sin recibir atención superan -pues es complejo estimar la cifra exacta con el modelo de registro estadístico existente-la cifra del millar en Galicia.
| Desajuste entre necesidades y servicios. El enorme desequilibrio que separa la cobertura pública de servicios y las necesidades que estos deben atender es una de las fallas de mayor calibre del sistema. La solución a este desfase resulta especialmente urgente para aquellos casos de dependencia ligados a enfermedades como el alzhéimer, interrelacionadas con el envejecimiento de la población y, por tanto, con un índice de afectación en permanente aumento.
En otros casos, el problema del catálogo de prestaciones alude directamente a la presencia de una ausencia. Es decir, a la carencia total de recursos disponibles. El director de la Asociación de Dano Cerebral de Vigo (Alento), Gonzalo Mira, señala que entre el colectivo de personas con los que trabaja su entidad es frecuente que la administración les asigne servicios que no existen: "A un paciente se le reconoce el derecho a la asistencia en un centro de día para daño cerebral en Vigo, por ejemplo,pasa a lista de espera porque las 20 plazas del centro están ya cubiertas".
Además, ni siquiera la existencia del servicio es garantía de que la atención sea todo lo adecuada que debiera. La inexistencia de recursos especializados implica el empleo de medios homogéneos para la diversidad de casos de dependencia -con ratios de cuidado, objetivos de intervención y necesidades diferenciadas según el origen de la misma-. A veces, la uniformidad en la atención prestada alcanza incluso a la etapa previa, cuando se realiza la valoración de la dependencia como señala el presidente de la Asociación Gallega contra las Enfermedades Neuromusculares (ASEM), Manuel Rego.
| Injusticias del copago y la libranza. A pesar de que la ley establece que los beneficiarios contribuirán a la financiación de los servicios en función de su capacidad económica, existe total coincidencia entre las personas y colectivos consultados en señalar que tanto el sistema de copago como la libranza -prestación económica -provoca el empobrecimiento de quien lo tiene que asumir.
Para el responsable de Alento, la raíz del problema parte de un modelo de financiación que prioriza los recursos que se quieren distribuir frente a las necesidades que se deben cubrir. Las personas son las que se acaban ajustando al presupuesto existente y, en consecuencia, señala Mira "se crean situaciones un poco esperpénticas".
Como factor adicional, Jessica Esperante, presidenta de la Asociación Galega de Afectados pola Lei de Dependencia (ALDEGA), señala los baremos empleados por la Administración. Según Esperante, los criterios que guían el cómputo mediante el que se establece la cuantía de las ayudas a las personas dependientes "suele ser una cantidad inferior a su capacidad adquisitiva".
| Olvido de los cuidados familiares. Tras la eliminación de la financiación estatal de las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales -un trabajo fuertemente feminizado-, realizada por el Ejecutivo central, las dificultades para compatibilizar la vida personal, laboral y social de estas personas se incrementaron notablemente. Además, las secuelas específicas del llamado "apoyo informal",el pilar con cimientos de amor que siempre lo sostuvo todo, continúan sin asumirse como objetivo de actuación estatal.
| Falta de información.Dado que el reconocimiento de la situación de dependencia se realiza a instancia del interesado, en muchas ocasiones el primer obstáculo es el desconocimiento de la ley. Por ello, existe acuerdo en el tejido asociativo al señalar la necesidad de que los servicios sociales de las administraciones manejen mejor y más profunda información para orientar a las familias y que estas conozcan los recursos a su disposición.
