La Agencia Ferroviaria Europea lo tiene claro. El riesgo en la curva de Angrois, el barrio compostelano en el que descarriló un tren Alvia en julio de 2013 ocasionando la muerte a 80 personas, "fue identificado" y el gestor de la infraestructura (Adif) tenía que haberlo gestionado para reducirlo, pero simplemente lo pasó al maquinista.

En concreto, Christopher Carr, el jefe de la unidad de seguridad de este organismo, que ayuda a integrar las redes ferroviarias europeas haciendo que los trenes sean más seguros, responde al presidente de la plataforma de víctimas del accidente, Jesús Domínguez, que tanto la directiva de seguridad de 2004 como el reglamento para un método común de seguridad de 2009 son aplicables a la línea Ourense-Santiago.

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el responsable de la unidad de seguridad de la agencia subraya, además, que el peligro de descarrilamiento en curvas "ha sido conocido por los ingenieros desde que se construyeron los ferrocarriles por primera vez", en contra de lo que sostiene Adif.

Estas afirmaciones las contiene un correo electrónico con fecha del pasado 17 de noviembre que la asociación de afectados ha introducido ahora en el juzgado compostelano que instruye la causa, en el marco de la impugnación del recurso que han interpuesto tanto el letrado del cargo de Adif investigado, al que el juez atribuye 80 delitos de homicidio, como la Abogacía del Estado.

Carr se dirige a Domínguez "en nombre de la Agencia" y asevera que tanto Adif como Renfe estaban obligados por la directiva de seguridad ferroviaria (la de 2004) a "establecer un sistema de gestión de la seguridad".

"De la directiva se desprende claramente que ambas empresas deberían haber llevado a cabo procesos de evaluación de riesgos en esta línea y la Autoridad Nacional de Seguridad debería haber comprobado los sistemas de gestión de seguridad", destaca.Identificación del peligro

Sin embargo, según concluye Christopher Carr tras estudiar este caso, "el riesgo fue identificado" pero "exportado al conductor". "La documentación cierra la cuestión registrando el riesgo exportado al conductor", critica, en referencia al informe que hizo la CIAF (comisión de investigación que se inscribe en el Ministerio de Fomento) sobre el siniestro.

Con esta identificación se refiere a las evaluaciones realizadas por la unión temporal de empresas, que se encargó del proyecto, y por Ineco (consultora vinculada a Fomento), a las que también alude el juez en el auto con el que llama a declarar al exjefe de seguridad en la circulación de Adif.

Pero, a mayores, este alto cargo de la Agencia Ferroviaria Europea resalta que "el personal señaló que la curva era particularmente difícil", por el aviso de un jefe de maquinistas, poco después de la inauguración de la línea. "Pero esta información pareció no tener efecto, según el informe de investigación de la CIAF", se lamenta.

En su dictamen, Carr explica que el reglamento para el método común de seguridad contempla una excepción en aquellos proyectos en una fase avanzada de desarrollo, pero que, para ello, "dicha decisión debe ser justificada y notificada a la Comisión". "No tengo conocimiento de dicha notificación", apostilla.

Así, sostiene que este método "se aplica a cambios significativos en el sistema ferroviario" y sentencia que su opinión, en nombre de la agencia, es que "una nueva línea supone claramente un cambio significativo".

Impugnación judicial

Adif y el abogado de Andrés Cortabitarte, exjefe de Seguridad en la Circulación de Adif, recurrieron el auto con el que fue citado para este martes 4 de abril en calidad de investigado.

En 18 folios a los que ha tenido acceso Europa Press, la representación procesal de la plataforma de víctimas ha impugnado ambos recursos, con los argumentos de la Agencia Ferroviaria Europea como principal baza.

La asociación no tiene "ninguna duda" sobre que la evaluación de riesgos era necesaria y "nunca fue realizada", y, para avalar esta tesis, esgrime las palabras de Christopher Carr en la comunicación vía e-mail de hace unos meses. "No hay mucho más que añadir, la respuesta es contundente y no deja lugar a la duda", recalca.

Así, incide en que los máximos responsables del ente ferroviario europeo "confirman en todos sus puntos tanto" al juez como los informes periciales de César Mariñas (el único designado por sorteo) y los técnicos nombrados por QBE, la aseguradora de Renfe.

La plataforma replica a Adif que "lo que verdaderamente causa estupor y alarma social es que ni por parte de la Abogacía del Estado ni por Adif ni por Renfe conozcan la obligación de realizar estos análisis de riesgos".

También "causa estupor", según añade su escrito, que "apoye sus argumentos en la opinión del señor Carballeira", por uno de los peritos, al que afean haber plagiado párrafos enteros de la CIAF.

A juicio de los afectados, el argumento de que la evaluación integral "no se hacía en ningún país" no exime a Adif de su responsabilidad y es "de dudosa credibilidad".