A pesar del firme propósito de recurrir todas las sentencias que salgan por "las desproporcionadas" tasas, "muy desproporcionadas" en algunos casos, que los ayuntamientos le cobran por sus líneas de alta tensión, Red Eléctrica de España (REE) ya anticipa que, sea cual sea el resultado, no tendrá impacto en sus cuentas. Ni siquiera si los siguientes fallos confirman el aval del Tribunal Supremo al cobro de estos tributos por el uso del dominio público que, hasta ahora, el encargado del transporte de la electricidad y otras compañías del sector, también las de gas, eludieron porque rechazaban su validez o porque los tribunales sí les habían dado la razón. REE se encarga de poner en pie las instalaciones que el Gobierno, tras consultar con las comunidades, traza en la planificación energética y sus ingresos están regulados por ley. Cobra en función de la inversión y el mantenimiento de esas infraestructuras y el dinero procede del recibo de la luz. Así que la compañía sostiene que el desembolso de las tasas municipales repercutirá en el bolsillo del ciudadano.

"Lo importante es que todas esas tasas son gastos de operación y mantenimiento de la red que al final vamos a acabar pagando todos los consumidores en la tarifa, lógicamente", explica Juan Lasala, consejero delegado de REE. Lo "lógico" para la compañía es que exista un acuerdo respecto al cobro "a nivel nacional" y entre todos los implicados para que el importe sea el mismo. Esto ya sucede con la distribución, la parte del sistema que lleva la electricidad desde las grandes líneas hasta las casas. Las empresas pagan las tasas municipales a través de la cuota para transporte que hay en el recibo, pero con un criterio diferente (lo reparten entre los municipios en proporción a la facturación) al que en estos momentos hay sobre la mesa para las líneas (por número de kilómetros de cable en cada localidad).

"Es un tema que hay que ordenar", pedía el consejero delegado del operador del transporte eléctrico durante la rueda de prensa previa a la junta general de accionistas que celebra hoy. E insiste: "En cualquier caso, al final sería un coste regulado".

El presidente de REE insta a que el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) alcancen un acuerdo para homologar las tasas -unos 5.000 ayuntamientos las tienen-, que él considera incluso "estrafalarias". Sería, dice José Folgado, "lo más coherente". La sentencia del Supremo -que, entre otros, da la razón al concello gallego de Arteixo- abre la puerta a "unas determinadas bandas" sobre las cantidades a cobrar que provocan "una discrecionalidad que no es conveniente para nada".

Precisamente, sobre todos los conceptos incluidos en el recibo que soportan los consumidores, Folgado apuesta por "dar una pensada" para acercar la factura "más en la media europea". ¿Cuáles deberían quedar fuera? El máximo responsable de REE señala directamente al impuesto especial de la electricidad, los sobrecostes que cubren el servicio en Baleares y Canarias o la deuda histórica del déficit de tarifa.