Galicia es la comunidad en la que los proveedores de bienes y servicios presentan menos facturas electrónicas a las administraciones públicas a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado (FACe). Desde que entró en vigor en 2015 la ley de impulso de la factura electrónica hasta el 28 de febrero de este año, en la comunidad se han presentado 44.226. Es la cifra más baja de todas las comunidades -ninguna baja de las 60.000 facturas-, pero, sin embargo, es diez veces más que hace un año. Galicia está en la cola de facturas electrónicas y en primer lugar se sitúa la Comunidad de Madrid, con 1,7 millones.
De todas formas, la Consellería de Facenda subraya que la Xunta recibió en 2016 unas 476.000 facturas electrónicas a través de su propio punto general de entrada (SEF). Facenda remarca que el informe de Hacienda refleja únicamente las facturas que entran a través del FACe, sin tener en cuenta los sistemas propios que puedan tener las distintas comunidades autónomas, como es el SEF.
Por ello, Facenda recuerda que, aunque Galicia está integrada en el FACe, tiene sus propios sistemas de entrada de facturas electrónicas desde el año 2010.
Dos años después de la entrada en vigor de la obligatoriedad de recibir por vía telemática las facturas de sus proveedores, las administraciones públicas han tramitado 15,2 millones de facturas a nivel nacional, por un importe global de 75.757 millones: 29.944 de las administraciones autonómicas; 25.122 de las locales y 18.808 del Estado.
Casi nueve de cada diez facturas electrónicas presentadas ante la administración pública son tramitadas por las comunidades o los ayuntamientos, que en conjunto atendieron en dos años 12,6 millones de facturas, por un importe de 52,8 millones Según la información del Ministerio de Hacienda y Función Pública, 6,2 millones de facturas fueron presentadas ante algunas de las 16 comunidades (todas menos País Vasco) o las dos ciudades autónomas, lo que supone el 40%. El valor de lo recaudado es el 39% del total de lo facturado.
Otras 7,1 millones de facturas fueron tramitadas por 7.986 entidades locales adheridas al sistema (el 44% de todas). Este importe es el 33% del total.
Aunque las facturas recibidas en la Administración General del Estado son solo 1,4 millones (el 9%), la cantidad que suponen alcanza el 25%, con 18.274 millones. A ellas se suman 368.235 facturas electrónicas de universidades y 41.543 de otras instituciones.
Medida estrella
La facturación electrónica es una de las medidas estrella de la reforma de las administraciones públicas impulsada por el Gobierno y pretende acabar con las "facturas en los cajones".
Desde el 15 de enero de 2015, todas las administraciones públicas tienen que recibir de forma obligatoria las facturas de sus proveedores por vía electrónica. Tan solo podrán quedar excluidas de la obligatoriedad las facturas con importe inferior a 5.000 euros y las destinadas a servicios en el exterior.
La ley prevé la creación de puntos propios de entradas de facturas y ofrece la posibilidad de adherirse al Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado.
