A pesar de que la estricnina es una sustancia "altamente tóxica" y prohibida, en Galicia sigue utilizándose para envenenar animales. Así lo reconoce la Xunta, que informa que solo en los últimos años un total de 475 animales han muerto por la colocación de cebos impregnados con este veneno. La Xunta quiere poner freno a estas prácticas y para ello ha aprobado un plan con el que intenta evitar más muertes, no solo de animales salvajes, sino también domésticos. De hecho, los perros son los más afectados.

Hasta el momento las actuaciones de la Xunta se limitaban a vigilar que no se usasen venenos para envenenar lobos o osos pardos, dos especies en peligro de extinción. Sin embargo, ahora estrechará el cerco sobre cualquiera que envenene un animal, sea una especie protegida o un ejemplar doméstico.

Para erradicar estas prácticas la Consellería de Medio Ambiente reforzará la investigación y persecución de los casos de envenenamientos en el medio natural. Por un lado, se mejorará la coordinación de los agentes implicados. Así, se estrechará la cooperación con el Seprona, con las policías locales y con la Fiscalía. Se promoverá también una mayor especialización del personal de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural.

Para la investigación se recogerán cebos y cadáveres y se remitirán las muestras para su análisis toxicológico. También se intentarán detectar puntos donde se almacena la estricnina utilizada para matar a estos animales para precintarlos.

Pero además de la persecución de estas prácticas ilegales, la Xunta trabajará también en la sensibilización y concienciación de los colectivos vinculados al medio natural y al medio rural. "Hay que advertirles de las consecuencias de esta práctica que ahora es ilegal con carácter general", señaló Feijóo.

Desde la Consellería de Medio Ambiente advierten que el Código Penal tipifica como delito el empleo no autorizado de venenos en en el medio natural y la muerte de especies amenazadas por estas prácticas. Y, a nivel autonómico, se considera una infracción administrativa, por lo que el autor puede enfrentarse a un expediente sancionador -La Lei de Protección e Benestar Animal contempla multas de hasta 30.000 euros-. Pero la Xunta podrá obligar también a la persona que colocó el cebo que, en los casos más graves, cubra los costes derivados de la recuperación de la fauna dañada.