Sindicatos educativos gallegos piden a la Xunta y al Ministerio de Educación "seguridad jurídica" para poder convocar las oposiciones de Educación este año. "Queremos que se tome una decisión cuanto antes, para convocarlas o no, como ocurrió en otras comunidades; básicamente para que todo el personal que está preparándolas sepa a qué atenerse. En función de las comunidades que convoquen va a implicar movimiento de opositores entre comunidades", advierten.

La Xunta está pendiente de que el Gobierno central arregle la aprobación de los presupuestos o que tome una decisión intermedia, que pasaría por aclarar a las comunidades si pueden utilizar una determinada tasa de reposición en caso de que no se aprueben las cuentas y, de ser posible, concretar si podría ser "la misma tasa de resposición (de jubilaciones) que en 2016 o podría ser más". El jueves está previsto el encuentro de la Mesa Sectorial en Santiago. "Sería bueno tomar una decisión; quien está pagando esta situación es el colectivo de opositores. En principio el Gobierno no ha avanzado nada de la tasa de reposición. No sé si se podrá tratar el tema de utilizar la de 2016 o si las comunidades podrían tener vía libre para proponer su propia tasa", explican desde Anpe.

La Consellería de Educación envió a los sindicatos, de cara a la reunión de esta semana (para tratar el tema del bloqueo de las oposiciones), el borrador de la convocatoria para este año, con las especialidades que habían sido anunciadas en su momento. Son 25 en total: todas las de maestro, 12 de Secundaria y 5 de Formación Profesional. Lo que falta por concretar es el número de plazas. El propio conselleiro de Educación, Román Rodríguez, avanzaba la semana pasada que la intención de la Xunta es "tener todo preparado" para convocar al día siguiente de que el Gobierno decida.

Los sindicatos consideran que hay que ir "más allá para eliminar las dudas creadas". Varias comunidades apuntaron la posibilidad de un Real Decreto que aclare el tema de la tasa de resposición. Desde CIG-Ensino, Anxo Louzao explica que con unos presupuestos prorrogados "no debería de haber problema en utilizar una tasa de reposición del 100%, como la actual". "Creemos que se está utilizando como arma política y eso no puede ser. No hay justificación para que no se convoquen y, en el fondo, es una cuestión de voluntad política; de hecho, País Vasco ya ha convocado", argumenta Louzao.

Minimizar riesgos

Desde Comisiones Obreras José Fuentes defiende que, en caso de que no se aprueben las cuentas estatales, se utilice la "tasa de reposición de 2016". "No se trata de crear nuevas plazas sino de reponer plazas que hay que cubrir, por jubilaciones, por necesidad", expresa Fuentes, quien añade que la propia sentencia europea defiende la estabilización de puestos.

Los sindicatos explican que si no se convocan oposiciones la tasa de interinidad se disparará, "hasta un 14%, por lo menos, cuando llegamos a estar en el 4%". "Es que de no convocarse las oposiciones estaremos peor que cuando la tasa de reposición era baja, porque en esos años aún se convocaron plazas. De todos modos, cabe asegurar que no exista riesgo de impugnación", añade Díaz.