El embargo de bienes es un ejercicio común por parte de la administración autonómica y la central cuando el contribuyente no paga los correspondientes impuestos o tasas. Luego, se sacan a subasta pública para venderlos y obtener fondos con los que saldar la deuda tributaria. Pero no siempre es la mejor fórmula. Una gran parte no encuentra comprador y otros bienes no alcanzan el valor de mercado esperado. De hecho, la mayoría de las pujas que se celebran en la comunidad por este motivo quedan desiertas a pesar de las sucesivas convocatorias para buscarle un comprador. No obstante, la Xunta quiere cambiar esta dinámica, sobre todo tras un año, el 2016, en el que los ingresos por la venta de bienes embargados obtuvieron una recaudación inferior en un 83% a la de 2015.
El Plan de control tributario para este año aprobado recientemente por la Xunta prevé precisamente modificar el sistema de subastas con el objeto de alcanzar una mayor cifra de pujas adjudicadas y también de precios más altos, aprovechando "que las circunstancias de mercado resultan mejores que en años anteriores", en referencia a los datos sobre la recuperación económica.
"El objetivo es que se consiga la adjudicación de los bienes y que no quedan desiertas las subasta", indica la Consellería de Facenda. Para ello, uno de los ejes en que se basará el cambio del modelo se centra en darle una mayor difusión a las pujas y en mejorar los canales de comunicación para que el producto llegue al mayor número posibles de potenciales compradores.
La recaudación por este concepto -último paso de una administración para saldar las deudas por impuestos y tasas- no es muy alta, entre otras razones, porque por lo general quedan desiertas en las primeras convocatorias -por falta de interesados- y al final el precio de venta muchas veces es por la mitad, o incluso menos, del importe inicial, y aún así tampoco es garantía de que se pueda adjudicar la subasta.
Un ejemplo de esta dinámica es la puja de un piso el pasado año en Ribadeo por parte de la Xunta. La primera subasta salió por un precio de 71.856 euros, que quedó desierta, al igual que la segunda y la tercera hasta que se le puso un precio de salida, en la cuarta puja, de solo 27.150 euros.
En el año 2013, la Administración autonómica ejecutó con resultado de adjudicación 45 subastas, que reportaron 208.394 euros a las arcas públicas. Al año siguiente se realizaron 43 por un importe total de 334.579 euros. La cifra subió en el ejercicio siguiente, cuando se completaron 46 pujas con un saldo final de 599.916 euros. Y el pasado año solo se consumaron 17 subastas que reportaron a las arcas autonómicas solo 101.594 euros, lo que supone un descenso entre ambos años del 83%. Desde el año 2009, el Gobierno ingresó por este capítulo 2,2 millones de euros.
En todo caso, el número de pujas que se convocan es muy inferior a la cifra de embargos de bienes ejecutados por la Xunta, que oscilan anualmente entre los 1.300 y los 2.800. En el año 2011 se decretaron 1.601; en 2012 bajaron a 1.379, pero en los dos ejercicios siguientes superaron los 2.500, para luego volver a bajar a los 1.339 en 2015.
Pero no todo ellos -fincas, pisos, garajes, trasteros, solares, vehículos, embarcaciones...- acaban en subasta, dado que los propietarios, una vez que reciben la notificación tienen la posibilidad de recuperar la titularidad del bien si abonan los impuestos impagados, incluyendo los recargos y los intereses de demora. La gran mayoría de los contribuyentes, según Facenda, consigue que la Axencia Tributaria les devuelva las propiedades una vez saldada la deuda, eso sí, iniciado ya el proceso de cobro vía ejecutiva y con el aviso de embargo.
El Ministerio de Hacienda también utiliza esta vía de forma ordinaria. En el último trimestre del año abrió pujas públicas para un total de 139 propiedades en Galicia por un valor de salida de más 5,6 millones de euros.
Las provincias de Pontevedra y A Coruña fueron las que concentran el mayor número de inmuebles que se sacaron a subasta. A la cabeza estaba Pontevedra, que copa casi el 60% de todos los bienes embargados por impagos puestos en venta (80 propiedades). En A Coruña fueron 31, por los 21 de Lugo y 5 de Ourense.
