En una declaración con escasos precedentes en la Administración autonómica, el Consello Consultivo acaba de admitir que sus trabajadores están cobrando de forma irregular desde hace años -sin poder determinar una fecha concreta- un complemento de productividad. Se trata de cantidades que, dependiendo de la categoría de los 19 empleados públicos con que cuenta este órgano, oscilan entre los 1.200 y los 8.400 euros anuales, a razón de 100 euros mensuales para el personal de secretaría y hasta de 700 para el cuerpo de letrados.
El Consultivo ha hecho esta revelación para salir al paso de las críticas vertidas contra su presidente, José Luis Costa Pillado, al que se le acusa de "alterar irregularmente las condiciones de trabajo del personal" de este órgano consultivo por pretender suspender el abono de este complemento. En Marea y PSOE reclamaron su cese, entre otras razones, porque una sentencia de un juzgado compostelano -que se recurrirá ante el Tribunal Supremo- consideró ilegal la suspensión del plus de productividad y obligó a restituir esta retribución.
Ante esta situación, el Consello Consultivo emitió una nota informativa en la que explica los motivos de la pretensión de dejar sin efecto temporalmente el complemento. Las razones no fueron otras que descubrirse a finales de 2015 que el complemento se pagaba, en contra de lo que determina la legislación de empleo público de la comunidad gallega, sin que hubiera criterios objetivos establecidos, sin negociación previa con los representantes de los trabajadores para fijarlos, sin transparencia y sin que el Consello de la Xunta, como resulta preceptivo, aprobara en acuerdo los baremos que regulan el plus de productividad.
"Esta retribución, así, sin regular, se está percibiendo de forma ilegal. Y si no se descubrió antes fue porque a veces en la administración se funciona por inercia hasta que alguien se da cuenta del error", precisan fuentes del Consultivo.
Ante esta situación, Costa Pillado solicitó de oficio un informe a la Secretaría Xeral del organismo sobre la ejecución de la partida presupuestaria dedicada a la productividad. Y la respuesta que recibió fue que "durante años" se estaba abonando este plus sin tener constancia de la existencia por escrito de criterios objetivos, ni de que fueran sometidos previamente a negociación con los sindicatos ni tampoco de que los aprobara la Xunta.
Al constatarse esta "anomalía", según se detalla en la nota informativa, Costa Pillado elevó la información al pleno del Consultivo, que por "interés general" y a propuesta del presidente aprobó en septiembre de 2015 por mayoría absoluta suspender el complemento hasta regularizarlo, decisión que se refrendó también por mayoría absoluta en el pleno de noviembre y por unanimidad en otro más celebrado febrero de 2016.
Sin embargo, un funcionario denunció el acuerdo por considerarlo lesivo para sus intereses y el juzgado le dio la razón -en enero de este año-, obligando al Consello Consultivo a restituir el plus de productividad. El fallo judicial invalida el acuerdo por un defecto de procedimiento -ya que la demanda solo reprocha los aspectos formales y no el fondo de la cuestión-, pero en los razonamientos jurídicos admite la "nulidad radical" de un complemento que se estaba abonando, al menos desde el año 2009, sin contar con criterios objetivos y sin que estos se sometieran a la negociación colectiva.
Es precisamente esta parte la que lleva al Consello Consultivo a presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, porque considera que respalda las razones de fondo que le llevaron a suspender el pago del complemento de productividad.
