Ya hace casi un año que la Xunta instó a los concellos a identificar a los propietarios de las casas o edificios sin rematar y, una vez localizados los infractores, forzarles a finalizar las obras. De lo contrario, los dueños se enfrentan a multas de hasta 25.000 euros, según fija la Lei do Solo, que deja en manos de los ayuntamientos la potestad sancionadora. Desde el 19 de marzo del año pasado, día en que entró en vigor la norma, ningún alcalde sancionó a sus vecinos por el ladrillo o cemento a la vista de las viviendas. Las administraciones locales saben que no pueden saltarse la ley, pero para hacerla cumplir buscan el camino que menos perjudique a los propietarios y, en consecuencia, la relación con ellos.
La vía que ahora estudian es delegar en la Axencia de Protección de Legalidade Urbanística (APLU), organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, la potestad sancionadora sobre los propietarios que se resistan a acabar el exterior de sus casas. Pero esta posibilidad solo está abierta en la actualidad a 64 concellos, el 20% del total den Galicia, que son los que tienen delegadas sus competencias en materia de urbanismo en la agencia autonómica.
Pero los ayuntamientos se resisten por ahora a aplicar sanciones. El proceso que han planteado desde la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) es que cada concello haga un censo de las viviendas sin rematar en su territorio. "A partir de ahí toca la labor pedagógica y hablar con los propietarios. No podemos reducir la labor de la administración a abrir expedientes sancionadores", reflexiona el presidente de la Fegamp y alcalde de O Barco, Alfredo García.
El proceso, que según advierte será "lento" aunque sin fijar un plazo, permitirá que entre un 50% y 70% de las viviendas inacabadas sean finalizadas "por convencimiento" por sus propietarios. "Además esto traerá un efecto contagio, a los primeros que lo hagan le seguirán otros", reflexiona el regidor.
García reconoce que una vez que la Xunta dejó en los ayuntamientos esta responsabilidad -actuar como vigilantes, identificar las casas inacabadas y forzar a los propietarios a terminar tanto fachadas como tejados-, no les queda otra que actuar. "Lo primero es hacer un censo y luego que los técnicos de cada concello hablen con los dueños para que la inmensa mayoría acabe rematando sus viviendas", defiende el también alcalde de O Barco.
Desde la Xunta coinciden con la Fegamp en que la leyes necesitan un tiempo para que el mensaje cale. Y la reforma de la Lei do Solo, según apuntó esta semana la conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, no tiene afán "recaudatorio". "A partir de ahora habrá que articular mecanismos para hacer ver al ciudadano que deben cumplir la ley y que es tan importante acabar una vivienda por dentro como por fuera", apuntan desde Medio Ambiente.
Créditos a interés cero
Una de las medidas anunciadas por la Xunta a los dos meses de la entrada en vigor de la Lei do Solo fue una línea línea de préstamos a interés cero destinados a las rentas más bajas para que pudieses acometer la reforma de sus viviendas.
La intención de la Consellería de Infraestruturas era firmar convenios con entidades financieras para que concedan créditos destinados a la rehabilitación de inmuebles. Esta era una nueva vía para incentivar la rehabilitación que se suma a las ayudas directas que concede la Administración.
El departamento dirigido por Ethel Vázquez movilizó casi 40 millones de euros entre 2015 y 2016 para obras de reforma. La convocatoria para solicitar ayudas para la rehabilitación de viviendas en el medio rural, en conjuntos históricos y en el Camino de Santiago, estaba dotada con 4 millones de euros.
En el caso de los inmuebles situados en el Camino de Santiago, la Xunta financia hasta el 35% de las obras con un máximo de 11.000 euros por inmueble. Cuando se trata de infravivienda rural, las ayudas cubren hasta el 80% del coste, hasta un tope de 12.000 euros. Enfocado a áreas de recuperación integral, también en el entorno del Camino de Santiago, se destinará otros 2,7 millones de euros, a los que sumarán otros 500.000 para las infraviviendas que existan dentro de estos ámbitos.
