23 de febrero de 2017
23.02.2017

Rubial defiende que no se demoró medicación de la hepatitis C por causas económicas

- Sostiene que se actuó con "diligencia", tras declarar ante el juez junto a González-Criado - El Sergas espera que se "despeje cualquier mínima duda sobre el correcto proceder"

23.02.2017 | 02:12
En el centro, Carolina González-Criado y Félix Rubial, ayer, en Santiago. // Xoán Álvarez

El exdirector de Asistencia Sanitaria del Sergas y actual responsable del área sanitaria de Vigo, Félix Rubial, aseguró ayer que con la documentación que aportaron "queda sobradamente probada la actitud diligente del Sergas" en "todos" los casos de hepatitis C, incluidos los 6 por los que tanto él como la subdirectora de Farmacia, Carolina González-Criado, comparecieron ayer en calidad de investigados durante más de tres horas ante el juzgado de instrucción número 3 de Santiago por un supuesto delito de homicidio imprudente.

"Fueron 1.150 las solicitudes que se hicieron antes de la entrada en vigor del plan estratégico de la hepatitis C, de las que fueron aprobadas el 99%", argumentó Rubial. "Tan solo 13", dijo, fueron "rechazadas" por motivos de "seguridad" y "clínicos". A "ninguno" de los pacientes por los que se les investiga -seis- se les rechazó el tratamiento, dijo. "Por tanto hablar de carácter económico y de dilación en este caso creemos que queda suficiente probado que no hay ningún tipo de dilación en este sentido", proclamó.

El Sergas insistía ayer en esa idea en un comunicado que destacaba la "contundencia" de las declaraciones de sus profesionales, con las que, asegura, "certificaron de nuevo su correcta" y "rigurosa" actuación en la autorización de fármacos para el tratamiento de la hepatitis C, "basada estrictamente en criterios clínicos y acreditando al tiempo que no hubo ningún tipo de retraso en su intervención". El gerente del Sergas, Antonio Fernández-Campa, se declaró "satisfecho" de la comparecencia porque "se pudieron aportar datos claros y contundentes y documentación que justifica que las cosas se hicieron bien, que no hubo ningún tipo de retraso en los expedientes tramitados en la subcomisión" de Farmacia. El Sergas apunta que esta subcomisión resolvió los casos de un modo "muy ágil, con una media de 13 días".

Fernández-Campa explica que en los seis casos que investiga el juzgado por homicidio imprudente -tras ordenar la Audiencia Provincial de A Coruña que se tomase declaración a los dos altos cargos por este delito y no solo por prevaricación administrativa, como hizo el instructor en un primer momento, lo que afectaba a ocho casos- se autorizó el tratamiento y en ninguno de ellos hubo retraso. "La documentación es contundente acreditando eso", insiste, por lo que espera que "se despeje cualquier tipo de mínima duda de si el proceder fue correcto" y que el caso se pueda "resolver cuanto antes", para lo que reafirma su disposición a colaborar con la Justicia.

El portavoz de la Plataforma Galega de Afectados pola Hepatite C, Quique Costas, explicó que tanto ellos, como acusación popular, como la Fiscalía, intentaron "poner de relieve una vez más las contradicciones en las que incurren en sus explicaciones" y "sobre todo" que se revele "la realidad de lo que sucedió, es decir, de que hay unas prescripciones farmacológicas hechas por especialistas del Sergas que no son atendidas más que con mucho retraso, con retraso de varios meses, y que acaban en algunos casos en la muerte de los pacientes", explica. "En su derecho de defenderse", añadió, los cargos "niegan ser responsables de las decisiones que desencadenaron los hechos que llevaron a la presentación de la denuncia por parte de la Fiscalía". Así, apuntó que, "al igual que hicieron en su primera declaración, ellos niegan ser la autoridad que adopta la decisión administrativa, porque es una decisión administrativa, que no médica, de suministrar o no unos fármacos que los médicos especialistas, con criterio médico, previamente prescribieron".

El Sergas resalta que Galicia autorizó "en tiempo y forma, bajo criterios estrictamente clínicos, 1.137 tratamientos solicitados antes de la entrada en vigor del Plan Estratégico del Sistema Nacional de Salud, y muchos de ellos antes incluso de que los nuevos medicamentos fueran comercializados en España".

Laura Quintas, portavoz de la Asociación Galega de Hemofilia, con la que el Sergas analiza la aplicación del plan estratégico, junto a Airiños (Asociación de Trasplantados) y a la Plataforma de Afectados pola Hepatite C, señala que desde que el plan entró en vigor, en abril de 2016, gracias, dice, a la "presión" de estos colectivos y a la implicación de los sanitarios, "se aplicó relativamente rápido". "Los profesionales sanitarios tenían bien controlados a los pacientes", dice, y se fue tratando a los más graves. "Nos consta que una gran parte están tratados e incluso empiezan con estadios menos graves", añade. Ve "importante" que el plan se siga dotando de medios y aplicando porque es "un problema de salud pública".

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