23 de febrero de 2017
23.02.2017

Gobierno y comunidades se dan tres meses para revisar la financiación de la dependencia

Acuedan elaborar un informe técnico que sirva de diagnóstico sobre la aplicación de la ley y sus costes

23.02.2017 | 17:03

El Gobierno y las comunidades autónomas se dieron hoy tres mes para tener cerrado un informe técnico que recoja un diagnóstico sobre el sistema de dependencia en España y su financiación.

Ésta es una de las conclusiones de la reunión constitutiva de la comisión para el análisis de la situación de la dependencia a la que ha asistido el secretario de Estado de Servicios Sociales, Mario Garcés, y responsables de las siete comunidades con competencias en esta materia: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cataluña, Galicia y Castilla y León, y que es fruto de la Conferencia de Presidentes.

Antes de este informe técnico y en un plazo de cuatro o cinco semanas, la comisión deberá haber elaborado un borrador donde se aborden las áreas de mejora.

En declaraciones a los medios al término de la reunión, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, pidió que se incluya la financiación de la dependencia en la financiación autonómica y que el Gobierno abone el 50 % de los gastos que es lo que establece la ley.

Sánchez Rubio también demandó que esta financiación sea finalista y condicionada a los servicios y prestaciones de la dependencia.

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales de Aragón, María Victoria Broto, subrayó que las tres autonomías socialistas que participan en esta comisión (Asturias, Andalucía y Aragón) han exigido al Gobierno voluntad de acuerdo en cuanto a la financiación de la dependencia.

Broto recalcó que la financiación debe ser clara para acabar con las listas de espera de personas dependientes."Si en lugar del 16 % recibiéramos el 50 % convenido, es decir, 60 millones más, no tendríamos listas de espera", lamentó la consejera aragonesa.

En este sentido, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Alicia García, subrayó que su comunidad es referente en dependencia y atiende actualmente a 85.000 dependientes.
García indicó que en Castilla y León la dependencia ha generado hasta 50 empleos para cada millón invertido. "Eso nos posiciona dentro del grupo para poder hablar e incluso alguna comunidad, como Cataluña, nos ha pedido información sobre cómo gestionamos el tema", comentó García.

La consejera de Castilla y León también se decantó por el hecho de que la financiación de la dependencia vaya vía financiación autonómica e insistió en que el modelo implantado en su comunidad genera empleo.

Por parte de Canarias, la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, planteó que se reconozcan las singularidades de su comunidad y el hecho de que el coste de los servicios en las islas es muy superior a los de la Península.

Dentro de tres meses, el informe técnico ya concluido se elevará al consejo territorial del sistema de dependencia para que otras comunidades autónomas hagan sus aportaciones si así lo desean.
A partir de ahí, el trabajo se llevará a la comisión de expertos en financiación autonómica al objeto de debatir cómo se incorpora la dependencia al sistema de financiación.

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