23 de febrero de 2017
23.02.2017

El Congreso incluye en su investigación de las cajas "las actuaciones" de las autonomías

Todos los partidos apoyan la creación de la comisión, que tendrá que estar finalmente en marcha antes de que pasen 60 días

23.02.2017 | 02:11

Las formas y el fondo invitan a pensar que el Congreso de los Diputados va a tomarse en serio su análisis de lo ocurrido con el sector financiero en España y las tripas del rescate a cargo del macropréstamo de más de 60.000 millones de euros que se pidió a Bruselas. Todos los partidos, y no es algo muy común, dieron su beneplácito ayer a la creación de la comisión de investigación. Y no habrá, además, que esperar hasta después del verano, como se especuló estos últimos días por la inclinación de PP y PSOE a esperar al fin de la otra comisión de investigación que arranca ya, la de la actuación del anterior ministro del Interior, Jorge Fernández, tras la publicación de sus conversaciones con el encargado de la oficina catalana anticorrupción y el posible empleo de medios de los Cuerpos y Fuerzas del Seguridad del Estado para maniobrar contra políticos de otras fuerzas. La comisión se impulsará "en el plazo más breve posible", según recoge el texto del acuerdo, y en todo caso antes de 60 días. El plazo para el informe es de seis meses, aunque prorrogables. La evaluación se retrotraerá hasta el año 2000 y tocará la labor de los supervisores y las comunidades. Un papel, el de la Xunta en el caso de Galicia, sin el que no se entendería la fusión de las dos cajas y lo que vino después.

La partida de nacimiento de la comisión no escatima en intenciones. Su objetivo es "conocer, analizar y evaluar con profundidad y rigor" las causas de la crisis financieras y económica en España "desde su gestación hasta el estallido de la burbuja de crédito inmobiliario y su impacto en el sector financiero español". El auge y derrumbe del tirón del ladrillo centrará buena parte de las indagaciones. Los diputados apuestan por poner en el foco "las políticas de reestructuración y saneamiento del sector financiero" en general y el caso concreto de Bankia, incluida su salida a Bolsa. Los organismos de supervisión se someterán a examen. También "los problemas institucionales de gobernanza de las cajas de ahorro y su incapacidad para captar recursos en los mercados". "Con especial referencia -añade el documento- a las actuaciones que efectuaron los órganos de administración, así como las administraciones públicas competentes". Una referencia, entre otras, a las comunidades. La comisión quiere analizar "las medidas que deban adaptarse para garantizar la máxima transparencia en la gestión de las entidades de crédito que han recibido ayudas del Estado para obtener el máximo retorno al contribuyente y el uso eficiente de los recursos públicos". Que es una de las críticas que el Tribunal de Cuentas lanzó en su reciente informe de fiscalización del FROB. Y, por último, "las posibles irregularidades en la protección del cliente de productos financieros".

"Transparencia", reclamó Carlos Rojas, diputado del PP, durante el debate de la creación de la comisión. Su portavoz, Rafael Hernando, avisa de que se irá más allá de Bankia. Tanto el PSOE como Unidos Podemos exigen que las cajas no se conviertan en el "chivo expiatorio" de la crisis. "Eso es poco riguroso", defiende el socialista Carlos Saura. "No creemos, como creen algunos grupos, que esto es un problema de lo público", apuntó Alberto Garzón, de Unidos Podemos. Ciudadanos sí apunta a ellas. A "la relación podrida de poder entre las cajas y los políticos", señaló Toni Roldán.

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