La reserva mínima de suelo que los ayuntamientos deben destinar a la construcción de vivienda protegida ha vuelto a subir este año tras tres años de bajada continua. Se ha producido un cambio de tendencia debido al aumento del número de personas inscritas en el registro de demandantes de pisos de protección que regula la Xunta. En el conjunto de la comunidad, según los datos avanzados por la Consellería de Infraestruturas, del nuevo suelo destinado a la edificación, los ayuntamientos deberán reservar de media el 5,5% para viviendas protegidas.
Es la Xunta la encargada de determinar este espacio, que lo calcula cada ejercicio en función de la evolución de la demanda en los respectivos municipios. Así sucede desde que a mediados del año 2012 entró en vigor una reforma de la Lei de Vivenda, que permite a los concellos sortear la obligación general de destinar a vivienda protegida el 30% de los nuevos desarrollos urbanos y adecuarse a las necesidades reales que existen en el término municipal. Y quienes las marcan son las personas que están apuntadas en ese ayuntamiento para acceder a una vivienda protegida, ya sea en régimen de propiedad o de alquiler.
Una vez establecido los límites, que en 2017 serán de media del 5,5%, los ayuntamientos pueden adecuarse a la reserva de suelo en función de la demanda real, aunque para ello deben tener más de 5.000 habitantes y que tengan prevista en sus planes urbanísticos esta opción.
Este sistema comenzó a aplicarse en el año 2012, estableciendo la Xunta una reserva media de suelo del 4,66%. Al ejercicio siguiente se disparó hasta el 7,11%, debido a que este año había 24.000 gallegos inscritos en el registro de demandantes de un piso de protección.
Pero a partir de entonces, se produjo un descenso continuo de la superficie mínima destinada a viviendas de protegidas, coincidiendo con una reducción de los gallegos en lista de espera para acceder a una de ellas. Así, se pasó al 5,69% en 2014, al 4,71% en 2015 y al 4,66% de pasado año. Y tras tres años de bajadas, este es el primero que sube, rompiendo la tendencia iniciada en 2013.
La Xunta sostiene que el incremento se debe a varios motivos. El fundamental es porque se incrementó el número de inscritos en el registro de demandantes, que pasó de los 12.700 que había en enero de 2016 a los más de 13.000 de este mes. Y hay más gente en lista de espera, añade la Consellería de Infraestruturas, por la reactivación de la economía y porque también se están iniciando más proyectos de promoción de viviendas protegidas, tanto de carácter público como por parte de la iniciativa privada.
Convenio
Por otra parte, la Xunta firmó ayer un acuerdo con el Colegio Autonómico de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria para dar a conocer los beneficios del programa de vivienda vacías que promueve el Gobierno gallego y para incitar a los propietarios a destinarlos a familias en dificultades. La conselleira de Infraestruturas y Vivienda, Ethel Vázquez, destacó que lo primordial del convenio es "difundir y explicar" dicha iniciativa "entre los propietarios de viviendas desocupadas y también animarlos a que se incorporen" a alquiler social.
"Ofrecer soluciones reales a familias que tienen problemas reales, independientemente de dónde vivan, aunque somos conscientes, y debemos de serlo todos, de que el mayor problema está en las grandes ciudades", declaró Vázquez.
La conselleira también recordó que la Valedora do Pobo ha destacado, en su informe de 2016, que Galicia es la comunidad que más medidas está implantando contra los desahucios y que con este acuerdo se quiere que "el Instituto Gallego de Vivienda resuelva cualquier duda y celebre reuniones de difusión sobre este programa".
