20 de febrero de 2017
20.02.2017

Hacienda revisará el "catastrazo rural" que disparó los valores en Galicia en 1.285 millones

La comisión de expertos para la reforma de la financiación autonómica y local analizarán la situación de las construcciones agroganaderas para "evitar perjuicios" con el IBI

20.02.2017 | 01:47
Casa con finca en el rural de Bamio // Noé Parga

Los muchos retoques que el Gobierno, como máximo responsable tributario, y los ayuntamientos, encargados de la gestión, aplicaron al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para compensar la importante merma de los ingresos públicos locales durante los años de la crisis afectaron también al rural. No se libró del plan de regularización extraordinaria que entró en vigor en 2013 para localizar bienes ocultos y hacerles pagar la contribución. Ni tampoco de la subida general de tipos para sacarle todavía más partido a la principal fuente de recaudación en los municipios. Pero, además, todas las construcciones ligadas a actividades agrícolas y ganaderas -desde los establos a los alpendres, pasando por los invernaderos o los míticos hórreos-, que, en la práctica, estaban exentas, pasaron a tener que desembolsar el IBI, lo que supuso, como denunciaron los sindicatos vinculados al campo, un "desorbitante" encarecimiento del recibo y "un ficticio incremento del patrimonio" que podría provocar, por ejemplo, la pérdida de becas entre los hijos de los propietarios. Solo en Galicia, los valores de los bienes rústicos se dispararon alrededor de un 50% entre 2013 y 2016. En 1.285 millones de euros. El Ministerio de Hacienda está dispuesto a revisar "el catastrazo".

"Estamos en un momento en el que el Gobierno, con el apoyo, espero que explícito, de los grupos políticos de esta Cámara va a revisar la financiación autonómica y la financiación local. Por tanto, este es el momento en el que efectivamente asuntos como este, el establecimiento de un valor catastral para las construcciones rústicas, se acometan en el marco de la revisión de esa reforma de la financiación local", avanzó esta pasada semana el ministro, Cristóbal Montoro, en el Congreso de los Diputados ante una interpelación de Xavier Eritja, del grupo de Esquerra Republicana. La comisión de expertos designada por el propio Gobierno y las comunidades para trazar las líneas maestras del reparto de los recursos estatales entre autonomías y ayuntamientos echó a andar con el objetivo de que el nuevo sistema esté libre este año y uno de los temas a tocar, como señala el titular de Hacienda, será ese.

Frente a los reproches del diputado de ERC por un proceso "con prisas y con una clara intencionalidad recaudatoria", Montoro defendió que lo hecho hasta ahora es "seguir un plan de regularización" y dejó el balón en el tejado de los concellos para las cuestiones de recaudación, a pesar de que tanto el alza de tipos en el IBI como la localización de bienes partió del Ejecutivo central. El ministro admitió que es "la primera vez" en la que se lleva a cabo una valoración catastral de "las construcciones indispensables para las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales", pero que responde a un cambio legal de 2005 con "un periodo transitorio" que finalizó. "La regularización no va a suponer en ningún caso una sobrevaloración del patrimonio agrario -añadió-. El valor no podrá superar el valor de mercado".

Pero lo que es innegable es que sí ha tenido impacto en los contribuyentes y en la recaudación. Sin contar los ingresos de 2016, que todavía no son públicos, la aportación del IBI rústico en Galicia desde 2012 aumentó cerca de un 37%. La del urbano creció menos de la mitad, un 11,2%. En estos últimos tres años con datos, los gallegos pagaron unos 5,5 millones de euros más por parcelas y propiedades en el rural. El salto en el recibo medio es espectacular: de 7,87 euros a 17,99.

Aunque Montoro minimiza los efectos, muestra la "mejor disposición" del Gobierno a "revisar todas estas figuras tributarias". "Lo que sí debemos es identificar los inmuebles correctamente para que no se produzcan situaciones de inequidad tributaria y para que tampoco se produzca perjuicio alguno para las explotaciones agrícolas, que afortunadamente nos están dando una lección de economía en este país demostrando su capacidad para invertir, de crecer, de exportar, de modernizarse y convirtiendo el campo en España en un gran proyecto económico, en uno de los motores de la recuperación económica a través, no ya de la provisión del consumo interno, sino de su gran capacidad exportadora", señaló.

Antes de tener cualquier posible alternativa ligada la reforma de la financiación local, el asunto del "catastrazo rural" volverá al Congreso. Esta semana ERC volverá a sacarlo para reclamar una ponencia específica rústica de carácter supramunicipal y, mientras, que el Gobierno aplique "coeficientes específicos" para "corregir la valoración catastral excesiva de las construcciones indispensables para la actividad agrícola, ganadera y forestal".

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