18 de febrero de 2017
18.02.2017
El sistema fiscal frente a los tribunales

La justicia empuja a 115 concellos a devolver ingresos millonarios por el impuesto de plusvalía

El Constitucional anula en Guipúzcoa la obligación de pagar al fisco si no existe beneficio al vender un inmueble -El criterio del fallo podría trasladarse a los municipios gallegos

18.02.2017 | 01:30

La justicia, a través del Tribunal Constitucional (TC), ha dado una estocada al impuesto municipal de plusvalía que se aplica a las venta de inmuebles que, si bien todavía no es mortal, sí es casi definitivo para una reforma que sume en riesgo de asumir indemnizaciones millonarias a los 115 ayuntamientos que lo aplican en Galicia, entre ellos las siete ciudades. Estos recaudaron en 2015 -última cifra oficial conocida- 41 millones de euros, récord de este gravamen.

El TC reveló ayer una sentencia en que anula por inconstitucional una parte del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana de Guipúzcoa (País Vasco) sin tocar el estatal, pero la decisión sienta un precedente para que la cascada de casos que se acumulan en los juzgados acaben provocando un cambio legal que, por otra parte, urgen los propios municipios.

La clave del fallo afecta al funcionamiento del gravamen y considera inconstitucional que se aplique a las operaciones en que el vendedor no gana dinero, algo que sucede en la actualidad y que para el Alto Tribunal "carece de toda justificación razonable". "En ningún caso podrá el legislador establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial", establece el fallo publicado ayer.

El conocido como impuesto de plusvalía se aplica a la hora de vender un inmueble. En lugar de calcularse sobre el beneficio entre el precio de compra original y el de venta, se establece sobre el valor catastral y el número de años que se ha tenido en propiedad, aplicando en ocasiones un 3,5% por ejercicio. Ese cálculo está "basado en datos ajenos por definición a la realidad económica", estima el TC.

Ello provoca casos en que, perdiendo dinero, es necesario afrontar un pago adicional por un supuesto incremento ganancial, aspecto que ha generado ya numerosos fallos judiciales en contra en toda España. La novedad estriba ahora en que se produce en la máxima instancia de la justicia española.

El caso que desarrolla el TC ilustra la problemática del impuesto, pues se produce tras la denuncia de una empresa que compró un inmueble por 3,1 millones de euros en 2003 y lo vendió por 600.000 en 2014 tras la depreciación causada por la crisis. A pesar de ello, aplicando el valor catastral, debió abonar 17.900 euros de plusvalía.

El TC considera inconstitucional esos criterios y obliga a un cambio legal en País Vasco, aunque descarta anular el Real Decreto de 2004 que modifica la Ley reguladora de Haciendas Locales, a pesar de que los criterios son los mismos. El motivo es que el caso se limita a Irún y a la norma aplicada en Guipúzcoa, por lo que el TC se ciñe a ese ámbito, lo que, sin embargo, evidencia el camino a seguir para afectados de los 3.691 municipios de España en que se aplica esta carga fiscal.

La espita queda abierta y tanto concellos como juristas consideran que es el primer paso para forzar un cambio legal que podría obligar a los municipios que aplican ese impuesto a afrontar indemnizaciones millonarias por los casos en que ingresaron fondos de vendedores que perdieron dinero con sus transacciones, opción que han considerado clara voces como el Colegio de Economistas de Pontevedra.

El impuesto de plusvalía es voluntario y en Galicia lo aplican 115 de sus 314 municipios, que en 2015 batieron el récord del ejercicio anterior hasta alcanzar los 41 millones, según los datos del Ministerio de Hacienda.

Los ayuntamientos se oponen a la configuración actual del citado impuesto. La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) incluyó en sus propuestas sobre financiación local presentadas esta semana la necesidad de "reformularlo" y ayer explicó que estudiará el fallo del TC y las posibles consecuencias, si bien fuentes del organismo explicaron que son los municipios más poblados los principales afectados en caso de un cambio estatal de la norma.

Esa opinión es unánime en los ayuntamientos. El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero, tachó ayer de "injusto" el gravamen y aplaudió el fallo del TC. "Una situación de liquidación sobre precios que no responden a mercado, digámoslo, es injusto. Queremos que se resuelva de forma justa para los contribuyentes", explicó.

Los consumidores también consideran que la sentencia "allana el camino para reclamar" el pago del impuesto. "Marca un hito en estas reclamaciones y, aunque se refiere a la norma de Guipúzcoa, es de suponer que el Constitucional dictaminará en el mismo sentido sobre la Ley de Haciendas Locales, dado que ambas normas tienen la misma redacción", expuso ayer la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) mediante un comunicado.



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