A pesar de los desahucios y de las dificultades de las familias para acceder a una vivienda durante los años de crisis, la demanda de pisos de protección se ha desplomado en Galicia -hay tres veces menos personas inscritas en el registro de demandantes de vivienda protegida que hace seis años-. La principal razón es que la compra ha dejado de ser atractiva porque los precios del parque público se mantuvieron estables, mientras se abarataban los del mercado libre. Además ante la falta de recursos y de financiación, la opción del alquiler cobró auge. Pero, aún así, y a pesar de un ligero repunte en el último año, las solicitudes de arrendamientos públicos descendieron también un 27 por ciento desde 2012. En todo caso, la lista de espera sigue siendo larga y la Xunta solo dispone de 3.000 viviendas para alquilar. La demanda prácticamente quintuplica a la oferta.
A las tres mil familias que ocupan una vivienda de protección en régimen de arrendamiento, se suman otras 11.332 apuntadas al registro de demandantes para ocupar un piso público de alquiler. En total, casi 15.000 personas para un parque público cinco veces inferior.
Y no hay viviendas disponibles. Salvo casos puntuales, en los que se aprovecha un corto periodo de tiempo para hacer obras y adecentar el lugar para el siguiente inquilino, los pisos están ocupados al cien por cien.
Estas viviendas protegidas están dirigidas a familias con escasos recursos, con unos ingresos inferiores a 1,5 veces el Iprem, es decir unos 11.200 euros anuales. La Consellería de Infraestruturas emprendió el pasado año una campaña enviando requerimientos por carta a ocupantes de estos pisos protegidos que no estaban al día en los pagos de su renta o recibos para instarles a justificar la causa de esta morosidad. Si la razón es la falta de recursos, la Xunta se comprometía a buscar una solución, pero si los beneficiarios no pagaban pese a disponer de ingresos podían ser obligados a dejar la vivienda. Desde el departamento que dirige Ethel Vázquez se explicó precisamente que esta medida estaba dirigida a "evitar comportamientos insolidarios con otros adjudicatarios que cumplen escrupulosamente sus obligaciones y con los demandantes de vivienda de promoción pública que están en espera".
La demanda de vivienda pública en alquiler creció ligeramente en el último año -de 10.782 inscritos se pasó a 11.332-, después de que 4.300 gallegos se borraran del registro en los últimos cuatro años.
Aún así, hay casi siete veces más demandantes de alquileres protegidos que de gallegos que buscan comprar un piso de protección. De los 8.600 que solicitaban ser propietarios de una vivienda pública en 2012, ya solo quedan 1.700.
Y si bien la petición de arrendamientos ha repuntado en el último año, los gallegos que buscan comprarse un piso público siguen descendiendo. En el último año bajaron otro 10 por ciento.
Entre las razones es que debido a la crisis del mercado inmobiliario, las viviendas libres bajaron mucho su precio y son ya más competitivas que las de protección oficial. Como ejemplo, según Tinsa, el metro cuadrado en Vigo se situó en 2016 en 1.280 euros por metro cuadrado, cuando el piso de régimen público más barato cuesta 1.307 euros metro cuadrado en esta ciudad.
Censo
En cualquier caso, al parque público de viviendas en alquiler podrían añadirse en el futuro nuevos inmuebles. De hecho, Infraestruturas ya dio el primer paso al crear un Censo de Viviendas Vacías. Los bancos están obligados a inscribir aquellos pisos que tengan desocupados. Los últimos datos del mes de octubre revelan que ya anotaron 3.000 viviendas. Este registro permitirá a la Xunta conocer las disponibilidades de pisos y planificar sus políticas de vivienda.
Y, al margen de ofrecer inmuebles en alquiler, también existen ayudas públicas para costear los arrendamientos. Las más importantes son las las subvenciones diseñadas por el Ministerio de Fomento y que gestiona la Xunta que benefician a unas dos mil personas. Se les subvenciona el 40 por ciento de la renta, con un tope mensual que no debe superar los 200 euros.
En total, según Infraestruturas, en Galicia hay 6.000 beneficiarios de distintos tipos de ayudas al alquiler, incluyendo los 3.000 ocupantes de pisos protegidos.
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Vigo concentra una de cada tres solicitudes
- La mayor demanda de vivienda pública, tanto en régimen de alquiler como de compra, se sigue concentrando en Vigo. Uno de cada tres demandantes son, de hecho, de esta ciudad.En Galicia suman más de 13.000 las personas inscritas en el registro de demandantes de vivienda protegida de la Xunta, de los cuales un total de 4.111 solicitudes proceden de Vigo. Y de los 11.332 gallegos que buscan un alquiler público, el 30 por ciento (3.485) son también vigueses.En la ciudad olívica esperan además para comprarse una vivienda de protección un total de 626 personas, del total de 1.705 que hay apuntadas en la comunidad gallega.El problema de vivienda se concentra, en general, en las ciudades. El 77 por ciento de la demanda procede de las urbes. Tras Vigo, se sitúa A Coruña, con 2.211 personas pendientes de ser llamadas por la Xunta para comprar (308) o alquilar un piso de protección (1.913).La tercera ciudad con más demanda es Lugo, donde hay apuntadas más de un millar de personas. La práctica mayoría (916) buscan un arrendamiento protegido y únicamente 121 esperan la posibilidad de comprarse una vivienda a precio tasado por la administración.En Santiago hay inscritas 924 personas, pero solo el 16 por ciento quiere ser propietaria. El resto buscan un alquiler económico bajo el amparo de la Xunta.En Pontevedra, de los 824 demandantes, solo 51 quieren comprar, mientras que la práctica totalidad optan por el arrendamiento. Las ciudades con menos demanda son Ferrol (760 inscritos) y Ourense (211).Fuera de las urbes, los municipios con más solicitudes son los coruñeses de Narón, con 216 demandantes, y Culleredo (168), seguidos por la localidad pontevedresa de Vilagarcía de Arousa, con 167 inscritos.Al lado de Santiago, Ames ocupa el cuarto lugar con 129 apuntados, y a continuación se sitúa en Pontevedra el concello de O Porriño, con un centenar de peticiones en espera.
