Reconoce que es una "espinita" que tiene. Lograr que más concellos se adhieran a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), para poner coto a los cientos de edificaciones ilegales que se han asentado en la comunidad. Todo serían "ventajas" y "beneficios", según apunta el director xeral de la APLU. "Derribar una obra ilegal no crea un problema, soluciona lo que se ha hecho mal", sentencia Cerdeira. Celebra que se vaya tomado conciencia de que no puede construir donde a uno le plazca, aunque reconoce que hay "APLU para rato" porque para llegar la demolición cero "aún queda camino por recorrer".

-En 2016, las piquetas en Galicia marcaron un nuevo récord. ¿A qué se debe que año tras año se alcancen cifras históricas: se infringe más la norma o se avanza en expedientes anteriores?

-Es lo segundo. Hay que pensar que la agencia echa a andar a finales de 2008 y en 2009 se empieza a generar un volumen de expedientes: en torno a 400-500 al año. Una parte importante se va resolviendo en el ejercicio en curso pero al acumularse de otros años las órdenes de reposición de la legalidad aumentan.

-¿Hay mayor concienciación o los dueños actúan más conforme a la ley por temor a la multa?

-La gente toma cada vez más conciencia de que se debe actuar bien. Es difícil que hoy en día una persona afronte la construcción de una vivienda unifamiliar de dos plantas en un terreno prohibido. Ahora bien, seguimos detectando construcciones de fin de semana donde el uso residencial está prohibido. La gente piensa que la ocupación es menos intensa si solo vivo un día a la semana en una caravana o una casa prefabricada que en una casa. La ocupación es ilegal, ya sea una vez a la semana o los 365 días al año en una vivienda unifamiliar.

-El 90% de las reposiciones ya se hacen de manera voluntaria.

-Hemos conseguido concienciar de que la Agencia es un organismo eficaz y que actúa con rigor. Además, el 90% de nuestras resoluciones son confirmadas por los tribunales. La gente se da cuenta que no merece la pena salvar una caravana o un galpón de 3.000 o 5.000 euros porque se exponen a una multa importante, podríamos estar hablando de 10.000 euros, los gastos del abogado y la condena en costas.

-Aquellas viviendas con expediente de derribo se podrán salvar si el PXOM en su municipio está a punto de aprobarse. ¿Cuántas se podrán beneficiar?

-Somos sensibles a esas posibilidades de legalización. Pero no si alguien con orden demolición viene y nos dice que el ayuntamiento está empezando a redactar el plan. No es lo mismo que esté empezando esa redacción a que esté pendiente de un informe de Patrimonio y que se vaya a aprobar el mes que viene. Es imposible dar una cifra, pero son puntuales.

-Los propietarios de galpones o fines de semana ilegales se quejan de que la APLU se ceban con las pequeñas construcciones y no con grandes complejos.

-Es un sambenito que nos persigue. Totalmente falso. Hay que conocer la realidad. No se puede decir: "vais contra el pequeño propietario y luego no tiráis el edificio de Fenosa". Primero, no lo hay que tirar y, en todo caso, no lo tendría que derribar la agencia porque no es de nuestra competencia; como las torres Garañón en Lugo. El propietario que tiene un hotel o una casa espectacular también tiene una orden de demolición, pero a lo mejor ha decidido batallar en los tribunales para salvar su edificación, y al que tiene un pequeño galpón o una caravana no le compensa y no sigue el proceso.

-En años anteriores el porcentaje de causas abiertas tras denuncias de concellos era más alto . ¿Están menos implicados?

-No es una variación significativa. Todos los días llegan denuncias de ayuntamientos y particulares. El descenso del año pasado no quiere decir que de repente hayan dejado de comunicarlo a la agencia. La implicación sigue dándose.

-En la actualidad hay 66 concellos adheridos a la APLU, ¿pocos teniendo en cuenta que hay 200 de pequeño tamaño?

-Trabajamos para incorporar a más. Es una de mis espinitas. Conozco las carencias de los ayuntamientos en inspección y disciplina. Es fundamental su adhesión porque estoy convencido de las ventajas que supone estar adherido a la Agencia. ¡Ojalá pudiéramos decir que están los 313! Algunos ya nos han planeado que fuera obligatorio. Trabajamos día a día para convencer a más alcaldes de los beneficios de estar incorporados. No se nos debe ver como el malo de la película. La agencia soluciona problemas, nadie puede decir que se crea uno cuando se obliga a demoler una edificación ilegal. Al revés, se está resolviendo algo que se hizo mal.