Una funcionaria de la Consellería de Sanidade en A Coruña acusada de los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial por apropiarse de 7.268 euros a lo largo de cinco años verá posiblemente reducida la condena de cinco años y medio de prisión que le solicitaba inicialmente la Fiscalía.
La trabajadora, que devolvió todo el dinero pocos días después de haberse hecho con la última cantidad, por lo que se le tiene en cuenta la atenuante de reparación del daño causado, alcanzó un acuerdo con la acusación pública que evitará la celebración del juicio, previsto para el próximo martes en la Audiencia Provincial, en la que sin embargo deberá ratificarse ese pacto.
La mujer desempeñaba el cargo de jefa de negociado quinto de la sección de Gestión Económica en la Jefatura Territorial de la Consellería de Sanidade en A Coruña, donde, según la acusación pública, falsificó expedientes de gasto del organismo entre los años 2007 y 2012 para hacerse con 7.268 euros. Tras estos seis años de irregularidades, la funcionaria fue finalmente descubierta por sus superiores, que ordenaron la apertura de un expediente y la denunciaron judicialmente.
Una vez que se inició la actuación del juzgado, el procedimiento administrativo quedó suspendido, aunque la trabajadora permanece desde entonces apartada de su cargo y desempeña otras funciones en la consellería. Al margen de la petición de cárcel, la Fiscalía solicitaba para la acusada su inhabilitación para empleo o cargo público durante un periodo de nueve años y medio, petición que también queda pendiente del acuerdo que alcancen finalmente las partes.
El escrito de acusación detalla que la mujer, aprovechándose de su cargo en la Jefatura Territorial coruñesa de Sanidade para duplicar facturas y generar devoluciones indebidas de pagos correspondientes a facturas reales, lo que le permitió crear un saldo de tesorería en una cuenta corriente de la consellería. La funcionaria se apropiaba luego de ese dinero modificando las órdenes de pago, para las que solicitaba la firma de las personas autorizadas y hacía constar el número de su propia cuenta bancaria o el de su esposo.
Mediante este método, la acusada se apropió de diferentes cantidades en trece ocasiones a lo largo de cinco años, para lo que incluso se preocupaba de efectuar los ingresos en su cuenta en varias partes para evitar levantar sospechas.
