No habrá límites a las viviendas turísticas en las Rías Baixas. Los concellos de la costa de Pontevedra no harán de momento uso de las atribuciones que les otorga el nuevo decreto de la Xunta que regula los apartamentos para turistas y que entrará en vigor el próximo 10 de mayo. La normativa recoge que los ayuntamientos tienen potestad para fijar el número de pisos por edificio y por barrio que se quieran dedicar al alquiler vacacional. Los principales municipios turísticos de las Rías Baixas valoran que se les dé esta competencia y advierten que tendrán que estudiar la nueva regulación. Aún así, de entrada, consideran que la situación dista de lo que ocurre en otros territorios con más saturación de alojamientos como Barcelona y no ven un problema en la existencia de estos pisos turísticos. Solo Santiago ha avanzado ya que restringirá el número de apartamentos.
En Sanxenxo, sin embargo, uno de los concellos de Galicia con más turismo vacacional y de playa, el gobierno local descarta, sin embargo, poner límites y prefiere mantenerse al margen del enfrentamiento que existe entre propietarios de viviendas en alquiler y hosteleros.
Baiona, que cuenta con un importante parque de pisos de segunda residencia y turísticos, aplaude la regulación de la Xunta, que fija una serie de requisitos que deberán cumplir estos establecimientos. "El reglamento puede generar controversia en el sector, pero creo que es bueno regularlo", defiende el alcalde Ángel Rodal. Reconoce que todavía no han abordado la posibilidad de fijar límites a los apartamentos turísticos pero avanza que "hasta ahora han convivido alquileres para turistas y hoteles sin problemas". " Y no creo que vaya a haberlos ahora", señala.
Cuestión de oferta
El alcalde de Nigrán, Juan González, ya lo tiene claro: "no tenemos intención de hacer ninguna limitación" y, de hecho, asegura que su concello tiene "una importante falta de oferta hotelera que hay que corregir".
Para la edil de Turismo de O Grove, Enma Torres, la oferta que existe en su concello es "amplia y positiva" y descarta que el Concello vaya a intervenir poniendo coto a los apartamentos turísticos. "Es el mercado el que regula de forma natural esa situación", aclaró.
La nueva norma será sometida a "un estudio exhaustivo" por el Concello de Pontevedra, que se reunirá con el sector hostelero y los propietarios de los apartamentos. Aún así, la edil de Turismo, Anabel Gulías, cree que el ayuntamiento "no actuará si no hay necesidad en hacerlo".
También Poio está pendiente de un examen más pormenorizado del decreto pero no prevé restringir el número de viviendas en alquiler para turistas.
Desde el Concello de Marín apuntan que esta localidad no se encuentra entre la lista de municipios con una excesiva presión por este tipo de pisos de temporada y, por eso, tampoco ven necesario limitarlos.
Arousa
En la comarca de Arousa los ayuntamientos afectados coinciden. "Nosotros no tenemos la intención de limitar absolutamente nada. Daremos a los propietarios libertad completa y absoluta", señala el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán.
Desde A Illa van más allá y critican que la Xunta deje en manos de los concellos limitar los apartamentos para turistas. "Lo veo muy complicado, ya que es una competencia del Gobierno gallego y de Turismo", asegura el alcalde socialista, Carlos Iglesias.En su opinión, la corporación local "no debe intervenir".
En la zona de O Morrazo la postura es similar. En Cangas lo condicionan, en todo caso, a mantener "el equilibrio" entre el negocio de la hostelería y "las economías domésticas" que viven de los alquileres.
Según señalan desde Moaña, la oferta de alquileres vacacionales en este municipio es "muy pequeña". Por esta razón, consideran que no es necesario fijar un tope al número de viviendas turísticas porque la afluencia de visitantes no genera unos incrementos de población tan grandes como en otros puntos de litoral gallego. El alcalde de Bueu, Félix Juncal, se muestra cauto. Dice que es "precipitado" saber ahora si hace falta "alguna medida correctora".
En A Coruña aún estudian el decreto y solo Santiago tiene claro que pondrá límites a los apartamentos turísticos, como ya hizo con la oferta hotelera.Desde la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) valoran sobre todo que se deje a los concellos esta potestad. "Ofrece mayores garantías en el caso de que haya quejas de vecinos, que al final acuden al concello", asegura su presidente, Alfredo García.
Los propietarios rechazan que se ponga un tope a los pisos destinados al turismo
- Los dueños de pisos turísticos se rebelan contra el decreto de la Xunta que regulará el sector a partir del 10 de mayo, día en que entrará en vigor la normativa tras su publicación ayer en el Diario Oficial de Galicia (DOG). Los propietarios rechazan de plano la potestad que tendrán los concellos para limitar el número de viviendas dedicadas a esta actividad para evitar la "saturación" del mercado, así como también se oponen a que las comunidades de vecinos puedan establecer restricciones sobre este tipo de alquileres en su edificio.Dulcinea Aguín, presidenta de la Asociación de viviendas turísticas de Galicia (Aviturga), es tajante a la hora de analizar el decreto elaborado por la Xunta y el papel que le da a los ayuntamientos. "Estamos completamente en contra. Cuando los concellos fijaron sus planes urbanísticos tenían que haber estipulado el número de viviendas que querían que se dedicasen al alquiler turístico, pero no ahora", se queja. Para Aguín, la nueva norma "limita el derecho a la propiedad" de las personas que han comprado un piso y lo quieran destinar a alojamiento vacacional. Sobre la "saturación" que alega la Xunta para abrir la puerta a estas restricciones, como ya se hace en Barcelona, la presidenta de Aviturga advierte de que puntos más turísticos que la ciudad condal o cualquier localidad gallega como son París, Londres, Lisboa o Roma "potencian este tipo de alojamiento" y "establecen numerosos beneficios que favorecen los pisos vacacionales".El decreto también estipula que las comunidades de vecinos podrán limitar los pisos dedicados a alojar turistas en cada edificio. "No podemos estar a merced de uno o dos propietarios que no estén de acuerdo con que se alquilen viviendas en el edificio a turistas. Yo soy propietario y destino mi vivienda a lo que yo considere oportuno, siempre que se respeten unas normas que son las propias de cualquier comunidad", defiende Aguín.La Xunta estima que están afectadas por este decreto unas 10.000 viviendas, la mayor parte ubicadas en la franja costera y en los núcleos urbanos. Estas residencias deben estar "suficientemente amuebladas", contar con los aparatos y enseres mínimos, y tener calefacción si se oferta fuera del verano. También debe haber un teléfono de contacto las 24 horas del día -sirve el móvil del dueño-, servicio de asistencia, seguro de responsabilidad civil y un cartel que informe de que hay hojas de reclamación disponibles. El objetivo último que se busca con el decreto es erradicar la competencia desleal que supone este tipo de alojamientos para el resto del sector.Dulcinea Aguín está de acuerdo con establecer normas, aunque con matices. "Nosotros estamos a favor de la regulación, pero cuando se piden unos requisitos mínimos y de fácil cumplimiento", defiende. "Cosa distinta -añade- es que a las administraciones les resulta mucho más práctico poner coto, limitar o eliminar que hacer el trabajo que es de su competencia.
